El desalojo del barrio El Remanso, ubicado en la localidad de Bosa, fue suspendido de manera temporal el pasado 6 de mayo, pero el conflicto que lo rodea continúa abierto. Detrás de este caso se encuentra una disputa legal por un predio perteneciente a la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. (Sotrandes), órdenes judiciales, familias que afirman haber comprado sus terrenos de buena fe y alertas por la presencia de población vulnerable en la zona.
Una disputa que no comenzó esta semana
La tensión en El Remanso no surgió con el operativo de esta semana. El predio, situado en la Carrera 87C No. 74-70 Sur, ha sido el centro de un proceso de restitución a favor de Sotrandes. La diligencia estaba programada para el 6 de mayo de 2026 y debía ser ejecutada por la Inspección de Policía de Paz y Convivencia 7-A de Bosa.
El caso tiene una historia más larga. Desde hace varios años, este sector ha sido mencionado en denuncias sobre urbanización ilegal, venta irregular de lotes y ocupación de predios sin plena legalidad. En medio de este escenario, varias familias sostienen que llegaron al barrio tras comprar terrenos mediante acuerdos particulares, sin conocer los problemas jurídicos que existían sobre el suelo.
La versión de las familias
Los habitantes del sector aseguran que no son ocupantes recientes ni llegaron al predio por una invasión. Su argumento central es que son compradores de buena fe y que fueron engañados sobre la legalidad de los lotes donde levantaron sus viviendas. Esta versión explica parte de la tensión actual.
Para las familias, el desalojo no solo implica salir de un predio en disputa, sino perder casas construidas durante años y quedar sin una alternativa clara de reubicación. En el terreno se han identificado cerca de 100 unidades habitacionales y una población aproximada de 483 personas, entre ellas menores de edad, adultos mayores, migrantes y hogares en condición de vulnerabilidad.
Por esa razón, la Personería de Bogotá pidió suspender la diligencia. El organismo advirtió posibles afectaciones a derechos fundamentales como la vivienda digna, la dignidad humana, el mínimo vital, la unidad familiar y la protección reforzada de personas vulnerables.
La orden judicial y el papel del Distrito
Del otro lado del caso está una orden judicial que reconoce la restitución del predio a favor de Sotrandes. La Alcaldía Local de Bosa ha señalado que el procedimiento responde a un fallo de tutela del 25 de septiembre de 2024 y a actuaciones derivadas de un incidente de desacato.
La administración distrital sostiene que no define el fondo del proceso ni decide sobre la propiedad del terreno. Su papel, según la versión oficial, es cumplir las decisiones judiciales, coordinar la presencia institucional y garantizar que cualquier procedimiento se haga con acompañamiento de entidades sociales, organismos de control, fuerza pública, salud y atención de emergencias.
Ahí está el punto más complejo del caso: el Distrito debe acatar una decisión judicial, pero también evitar que su ejecución produzca una afectación mayor sobre una comunidad que lleva años viviendo en el lugar. El conflicto, por tanto, no se limita a una diligencia de desalojo. También expone un problema de vivienda informal, venta irregular de predios y falta de soluciones habitacionales oportunas.
¿Qué sigue para El Remanso?
La suspensión del operativo no resuelve el fondo del conflicto. Por ahora, las familias permanecen en el sector mientras las autoridades revisan las condiciones para una eventual nueva diligencia y continúan las mesas institucionales.
El punto pendiente es si habrá una salida distinta al desalojo inmediato: un acuerdo con el propietario, una ruta de reubicación, una solución habitacional o una nueva fecha para ejecutar la restitución. Mientras eso se define, El Remanso queda como un caso abierto entre la propiedad privada, el derecho a la vivienda y la respuesta institucional frente a familias que aseguran haber comprado sin conocer la ilegalidad del terreno.
