La amenaza mortal de los drones convertidos en armas en Colombia
Si existe un frente que retrata de manera completa las nuevas amenazas que enfrenta Colombia en materia de seguridad y orden público, ese es el de los drones transformados en armas mortales por grupos ilegales. Así como en los peores años del conflicto armado existieron los temibles 'cilindros bomba' y 'tatucos' de las Farc, los drones adaptados con explosivos representan hoy un método criminal de guerra que apareció por primera vez en el país en abril de 2023.
El origen de una nueva modalidad terrorista
Este fenómeno surgió durante la sangrienta avanzada de las disidencias de alias Mordisco por controlar las rutas de la coca y los narcolaboratorios en el Cauca y su zona de influencia sobre el Pacífico. El primer ataque ocurrió precisamente en la zona rural de Argelia, municipio caucano cuyas veredas y corregimientos, especialmente el tristemente célebre El Plateado, siguen siendo escenario de la operación Perseo tres años después.
Esta operación militar, la más grande desplegada durante el actual gobierno, aún no ha logrado resultados consolidados frente a esta amenaza tecnológica. Desde aquel primer ataque, se ha registrado un ataque terrorista con drones cada dos días en promedio a nivel nacional, sumando al menos 464 atentados que constituyen una clara infracción a las normas del derecho internacional humanitario.
Las víctimas de una guerra imprecisa
Estas armas 'hechizas' carecen de precisión, al igual que ocurría con las rampas de cilindros y los tatucos del pasado. Las consecuencias para la población civil han sido devastadoras: se cuentan por decenas las afectaciones, con casi medio centenar de heridos y al menos 12 víctimas mortales de drones que supuestamente iban dirigidos contra estaciones de policía y bases militares.
Uno de los casos más recordados y dolorosos es el del niño Dylan Camilo, de apenas 10 años, asesinado por las disidencias de 'Mordisco' con un aparato que explotó sobre la cancha de fútbol de El Plateado en julio de 2024. Desde 2023, las cifras oficiales registran 242 militares y 42 policías heridos, además de 20 miembros de la Fuerza Pública asesinados por esta modalidad de ataque.
Los principales responsables de los ataques
La banda criminal del capo ya mencionado es responsable de la mayor cantidad de ataques con drones: al menos 270, lo que representa mucho más de la mitad del total de casos registrados. En este escalafón criminal, el 'clan del Golfo' aparece con 119 atentados; el Eln, con 66; y las disidencias de 'Calarcá', con 7 ataques confirmados.
Resulta particularmente preocupante que todos estos grupos hayan gozado o sigan gozando de las gabelas de la denominada 'paz total', mientras continúan desarrollando y perfeccionando estas técnicas de guerra asimétrica.
La respuesta estatal y los desafíos tecnológicos
Aunque existen esfuerzos, muchos de ellos apoyados financieramente por las regiones afectadas, aún se ve lejana la consolidación de una estrategia integral del Estado para prevenir y enfrentar la amenaza criminal de los drones. La utilización de inhibidores de señal y otras tecnologías para impedir el uso de estos aparatos contra las fuerzas del Estado representa un paso necesario, pero enfrenta serias dificultades en materia de financiamiento.
Además, 'blindar' electrónicamente un país entero resulta imposible desde el punto de vista práctico y económico. Lo que realmente se necesita, según expertos en seguridad, es mayor inteligencia para encontrar y desmantelar los talleres clandestinos y depósitos donde los criminales convierten tecnologías de punta en ventajas para sus fines delictivos.
El camino a seguir frente a esta amenaza
Las autoridades deben dirigir sus esfuerzos hacia los centros de entrenamiento donde se forman los terroristas que operan estos drones. Es fundamental capturar a estos individuos y aplicar sobre ellos todo el peso de la ley y la fuerza del Estado para comenzar a revertir un escenario en el que, desafortunadamente, los grupos criminales parecen haber tomado la ventaja tecnológica.
La combinación de inteligencia, tecnología y acción judicial coordinada se presenta como la única vía posible para contrarrestar esta nueva modalidad de violencia que amenaza tanto a la Fuerza Pública como a la población civil en diversas regiones del país.
