Cuatro hombres enfrentan cargos por porte ilegal de armas en operativos de Cartagena y Barú
La Fiscalía General de la Nación ha procedido con la judicialización de cuatro hombres, detenidos en hechos separados ocurridos en la ciudad de Cartagena y en la isla de Barú. Los individuos fueron sorprendidos portando armas de fuego sin contar con los permisos exigidos por la legislación colombiana, lo que desencadenó su captura y posterior imputación de cargos.
Detenciones en el barrio Kennedy de Cartagena
En el primer operativo, desarrollado el pasado 1 de marzo en el barrio Kennedy de Cartagena, Brayan José Puerta Rengifo y Andy Mendoza Heredia fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional. La acción policial se activó tras una alerta emitida por la comunidad, la cual reportó comportamientos sospechosos en la zona. Durante el procedimiento de requisa, los uniformados encontraron en poder de los detenidos una subametralladora, un proveedor y 15 cartuchos de munición. Todos estos elementos fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades competentes para su análisis y como evidencia en el proceso judicial.
Intervención en la vía hacia la isla de Barú
En un segundo hecho, ocurrido en un puesto de control instalado por la Policía Nacional en la vía que conecta Cartagena con la isla de Barú, Juan Esteban Rivera Vallejo y Alejandro José Díaz Restrepo fueron capturados. Durante la inspección rutinaria realizada por los agentes, se les halló un revólver y seis cartuchos calibre 38, elementos que tampoco contaban con la documentación legal requerida. Este operativo forma parte de los esfuerzos continuos de las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico y porte ilegal de armas en la región.
Cargos imputados y medidas de aseguramiento
La Fiscalía General de la Nación ha imputado a los cuatro procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, así como la tenencia de municiones de uso restringido o privativo de las fuerzas armadas. Además, se les acusa de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones sin autorización. Ninguno de los implicados aceptó los cargos durante las audiencias iniciales, lo que llevó a un juez a decretar medidas de aseguramiento. En consecuencia, todos deberán cumplir con estas medidas en centros carcelarios mientras avanza su proceso judicial, garantizando que permanezcan bajo custodia hasta la resolución definitiva de sus casos.
Estos procedimientos destacan la colaboración entre la comunidad y las autoridades en la denuncia de actividades ilícitas, así como la efectividad de los operativos policiales en la incautación de armas peligrosas. La Fiscalía continúa investigando posibles vínculos de los detenidos con otras actividades delictivas, reforzando el compromiso del Estado con la seguridad ciudadana y el combate contra el crimen organizado en el Caribe colombiano.
