En el marco de su lucha contra la migración irregular, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes 20 de mayo una nueva orden ejecutiva que solicita a los bancos del país revisar con mayor detalle el estatus migratorio de sus clientes. La medida, reportada por Associated Press (AP), exige que los reguladores bancarios y departamentos gubernamentales busquen indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito.
Detalles de la orden ejecutiva
Según Telemundo, el Ejecutivo pide a los bancos que identifiquen posibles riesgos financieros relacionados con clientes que podrían enfrentar la deportación o estar evadiendo impuestos. Aunque la medida podría generar impacto, medios locales señalan que es menos agresiva de lo esperado por el sector bancario. Informes previos indicaban que el Gobierno buscaba hacer obligatoria la recopilación de información sobre ciudadanía y estatus de todos los clientes.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había mencionado en abril que deberían existir reglas más estrictas para la apertura de cuentas bancarias. Sin embargo, la orden firmada por Trump, según El País, insta a los bancos a recopilar la información, pero no los obliga.
Riesgos crediticios y seguridad nacional
La Casa Blanca detalló que los bancos podrían enfrentar riesgos crediticios si algunos clientes son deportados, ya que esto eliminaría las posibilidades de recuperar el dinero prestado. En el documento se lee: "Mi Administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por actividades financieras transfronterizas ilícitas, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a extranjeros inadmisibles y sujetos a expulsión".
¿A quiénes afecta la medida?
El abogado experto en migración Jaime Barrón, en diálogo con Univisión, afirmó que la medida no implica confiscación de dinero ni impedimento para tener fondos en cuentas bancarias. "Los bancos no confiscarán dinero, sino que cuestionarán más el origen de los fondos, por ejemplo, para personas que reciben intereses", explicó. Agregó que el gobierno revisará más las cuentas, pero no preguntará directamente si son ciudadanos o residentes, aunque cuestionará a quienes estén en situación irregular.
Barrón señaló que podrían abrirse procesos judiciales si se determina que las personas mintieron en la información proporcionada a los bancos. "Si alguien usó información cuestionable, podría ser acusado de fraude bancario, dar información falsa o reclamos falsos de ciudadanía, con posibles acusaciones delictivas", indicó.
Por su parte, el abogado de inmigración José Jordán, en Telemundo, explicó que si los bancos requieren un comprobante de ciudadanía y el cliente no lo tiene, el gobierno podría investigar sus cuentas, verificar el origen de sus ingresos y realizar auditorías fiscales.
Debido a que los bancos nunca han requerido información del estatus migratorio, se desconoce cuántas personas podrían verse afectadas. Algunos abogados creen que la decisión podría generar alarmismo en la comunidad indocumentada y desincentivar el uso de los bancos.
