Alerta interna del Inpec expone graves deficiencias en sistema de monitoreo electrónico
Desde hace una semana circula entre funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) una preocupante alerta sobre fallas críticas en los sistemas de vigilancia electrónica para personas privadas de la libertad con beneficio de prisión domiciliaria. El documento, en poder de EL TIEMPO y ahora de la Procuraduría General, revela que tanto los brazaletes como los dispositivos complementarios de comunicación presentan errores técnicos que podrían facilitar la fuga de peligrosos delincuentes.
Dispositivos sin conexión y casos documentados
La denuncia señala que se han identificado múltiples episodios, documentados desde 2024, en los que los dispositivos de monitoreo pierden conexión por períodos prolongados. Uno de los casos más alarmantes involucra al sicario Matías Álvarez Tabares, alias Keiler, señalado del asesinato del narcotraficante Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo, ocurrido en Medellín en marzo de 2024.
En una minuta del 19 de marzo de 2025, escrita por un funcionario del Inpec, se constata que "a la hora la PPL Álvarez Tabares Matías del EPMSC La Ceja, no reporta alertas por manejar ubicación dentro de las geocercas". A este peligroso delincuente le fue revocado el beneficio de prisión domiciliaria ese mismo mes, después de que la Fiscalía presentara pruebas en su contra por narcotráfico.
Otro caso documentado corresponde a Jesús David Sánchez Calderón, quien ha registrado violaciones a la zona de su domicilio sin que los sistemas de monitoreo alertaran adecuadamente.
Problemas técnicos generalizados
La denuncia detalla que los dispositivos complementarios, utilizados para contactar a los privados de la libertad a través del Centro de Reclusión Virtual-Cervi, se han quedado sin conexión durante días, semanas e incluso meses completos. Según el documento, durante todo el proyecto se han mantenido un promedio de 400 unidades de monitoreo sin comunicación, situación que representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana.
"Durante todo el proyecto se han tenido promedio de 400 unidades de monitoreo sin comunicación y un igual número o superior de dispositivos complementarios sin comunicación estando días, semanas y meses cada unidad sin monitoreo electrónico", se lee en la denuncia, que califica la situación como "gravísima" tanto desde el punto de vista penal como disciplinario.
Contrato multimillonario bajo la lupa
La alerta pone en la mira el contrato 357 de 2023 entre el Uspec y la Unión Temporal Efectiva, que asciende a más de 113 mil millones de pesos y tiene como objeto la solución integral para la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica. Este contrato ya había estado en la mira por señalamientos de presunto favorecimiento.
EL TIEMPO investigó y estableció que el contrato ha sido modificado al menos 10 veces desde su adjudicación el 27 de diciembre de 2023. La Unión Temporal Efectiva, conformada por tres empresas (Sinergye Tecnologia Da Informaçao Ltda de Brasil con 50%, Prepacol S.A.S con 45% y Dinatel Group S.A.S con el restante), mantendrá el contrato hasta julio próximo.
Fallas técnicas específicas
La denuncia también revela problemas específicos con los brazaletes electrónicos:
- Marcan ubicaciones incorrectas con desviaciones que superan el 45%
- Otorgan perímetros de movilidad por fuera de lo autorizado
- Presentan falta de calibración técnica adecuada
- Inducen al error a los funcionarios encargados del monitoreo
"Se pide una precisión en la ubicación por ficha técnica, dicha precisión no puede superar los 5 metros de distancia desde el punto de ubicación y el error apreciado. Pero en este momento la desviación supera el 45 por ciento", explica el documento.
Respuestas institucionales
Juan Pablo Arenas, representante legal de la Unión Temporal Efectiva, se negó a referirse al tema argumentando que "el contrato tiene cláusulas de confidencialidad y no nos podemos referir. Es un tema de seguridad nacional".
Por su parte, el Inpec aseguró a EL TIEMPO que no ha recibido formalmente la denuncia sobre las fallas y que solo han registrado casos en los que los internos tratan de manipular los aparatos. "Los brazaletes siempre han emitido señal y comunicación con la plataforma. Se ha hecho monitoreo de forma permanente", afirmaron fuentes oficiales.
La institución agregó que la interventoría del contrato es la encargada de supervisar, hacer requerimientos al contratista y abrir investigaciones para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Mientras tanto, la Procuraduría General ya tiene la denuncia en sus manos y se espera que la Fiscalía también inicie indagaciones para aclarar lo que está ocurriendo con este sistema de vigilancia considerado fundamental para la seguridad nacional.
