La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, ha puesto en el centro del debate público el control del sistema penitenciario colombiano tras denunciar una fiesta realizada al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí el pasado 8 de abril. La denuncia, acompañada de videos e imágenes de cámaras de seguridad, muestra lo que ella calificó como un “parrandón vallenato” en el que habrían participado cabecillas de estructuras criminales que fueron trasladados a ese centro penitenciario en el marco de los diálogos urbanos impulsados por el Gobierno Nacional.
Detalles de la denuncia
Según Carrasquilla, mediante un derecho de petición logró obtener imágenes que evidencian el ingreso de más de 100 personas al penal. “Parecía el ingreso a un concierto”, afirmó la concejal, quien señaló graves fallas en los controles de acceso y custodia. La fiesta, que habría incluido música vallenata y consumo de licor, refleja, en su opinión, una falta de control absoluto por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la política de ‘Paz Total’ del Gobierno.
Investigación y suspensiones
Tras la denuncia pública, la Procuraduría General de la Nación asumió el caso y abrió una investigación disciplinaria bajo poder preferente. De acuerdo con Carrasquilla, 11 funcionarios fueron suspendidos, entre ellos personal de custodia y directivos del centro penitenciario. La concejal sostuvo que en la cárcel se habrían permitido irregularidades como el ingreso de licor, alimentos y personas no autorizadas. Además, advirtió sobre antecedentes de hechos similares, como celebraciones dentro del penal y posibles casos de fuga.
Problemas estructurales de corrupción
En su análisis, estos episodios reflejan problemas estructurales de corrupción en el sistema carcelario. “Las estructuras criminales tienen recursos económicos que terminan permeando a funcionarios”, afirmó Carrasquilla, al señalar una posible cooptación institucional dentro del sistema penitenciario. La concejal insistió en que es necesario abordar estas fallas de manera integral para evitar que se repitan.
Críticas a la política de ‘Paz Total’
Carrasquilla también cuestionó la implementación de la política de ‘Paz Total’, al considerar que la ley que la sustenta no ofrece herramientas suficientes para negociar con estructuras criminales urbanas. Según indicó, la normativa se diseñó para grupos armados organizados y no para bandas delincuenciales, lo que ha limitado los resultados de los llamados diálogos sociojurídicos en Medellín.
Violencia persistente
La concejal afirmó que, pese a las mesas de conversación, persisten fenómenos como homicidios entre estructuras criminales y extorsión en distintos sectores de la ciudad. También señaló que las cifras oficiales no reflejan completamente la violencia asociada a estos grupos. En ese contexto, insistió en la necesidad de reformas estructurales al sistema penitenciario y a la política de seguridad, así como en una mayor supervisión sobre el funcionamiento del Inpec.
La denuncia de Carrasquilla ha generado un amplio debate en la opinión pública y ha puesto nuevamente en el centro de la discusión la efectividad de las políticas de seguridad y reinserción en Colombia, especialmente en lo que respecta al control de las cárceles y la lucha contra la corrupción institucional.
