Procuraduría ratifica sanciones severas por fuga de Aida Merlano desde cárcel bogotana
En un fallo contundente de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó este martes la destitución e inhabilidad por diez años contra Diana Cecilia Muñoz Miguez, quien se desempeñaba como directora de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá al momento de la fuga de la excongresista Aida Merlano Rebolledo. La decisión vincula directamente su gestión administrativa con las graves irregularidades que permitieron la evasión de la política, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una supuesta cita odontológica.
Irregularidades en autorizaciones médicas y omisión de protocolos
El Ministerio Público estableció que Muñoz Miguez entregó de manera irregular y sin autorización las boletas hospitalarias y la orden judicial para el traslado de Merlano al Centro Médico de La Sabana, ubicado en el norte de la capital colombiana. Según la investigación disciplinaria, la exfuncionaria autorizó la salida para un procedimiento estético dental sin contar con la validación obligatoria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), omitiendo además todos los protocolos de seguridad establecidos para una interna de alto perfil como la excongresista.
Sanciones extendidas a otros funcionarios del sistema penitenciario
Las sanciones disciplinarias no se limitaron a la dirección del penal. El ente de control también confirmó la destitución e inhabilidad por diez años para el excomandante de custodia y vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas, y para la exsubdirectora del centro de reclusión, Katherine Lozano Forero. En el caso de Álvarez Cárdenas, la Procuraduría comprobó que suscribió la remisión médica sin aplicar las medidas de seguridad proporcionales al evidente riesgo de fuga que representaba Merlano.
Por su parte, Lozano Forero fue hallada responsable de avalar el traslado de la excongresista tanto el día de la evasión como en una cita previa el 26 de septiembre de 2019, bajo condiciones de custodia claramente insuficientes. Fuentes de la entidad revelaron que las faltas de la exdirectora y el excomandante se ejecutaron con pleno conocimiento de la irregularidad y voluntad de llevarlas a cabo.
Fallas en cadena de custodia y encuentros familiares no autorizados
La investigación disciplinaria también arrojó resultados sobre el comportamiento del personal de base. El exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón recibió una sanción de tres meses de suspensión de su cargo después de que la Procuraduría estableciera que permitió un encuentro familiar entre la exsenadora y sus hijos durante una de las salidas al consultorio odontológico, una acción expresamente prohibida por los lineamientos del servicio penitenciario.
El Ministerio Público fue enfático al concluir que este grupo de funcionarios vulneró los principios fundamentales de moralidad, transparencia y eficacia que rigen la función pública en Colombia. La ausencia de un esquema de seguridad robusto permitió que el episodio, que inició en un consultorio odontológico, terminara con la fuga de Merlano hacia Venezuela, donde permaneció hasta su deportación en marzo de 2023.
Contexto judicial actual de Aida Merlano
Actualmente, el panorama judicial de Aida Merlano también presenta avances definitivos. En diciembre de 2025, la excongresista fue condenada a tres años y seis meses de prisión luego de aceptar su responsabilidad en el delito de fuga de presos ante un juez de Bogotá. Aunque Merlano ha intentado justificar su huida alegando presiones políticas y riesgos contra su vida, la justicia colombiana ha mantenido en firme la penalización por el fraude al sistema penitenciario que representó su evasión.
