Escándalo en prisión de máxima seguridad: celebración lujosa financiada por cabecillas criminales
Una denuncia realizada por la concejal Claudia Carrasquilla del Centro Democrático ha destapado un escándalo de proporciones mayúsculas al interior del sistema penitenciario colombiano. Según la edil, el pasado 8 de abril se llevó a cabo una fiesta de grandes dimensiones en la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, específicamente en el patio 1 donde se encuentran recluidos los jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participan en la mesa de paz urbana.
Detalles de la celebración prohibida
El evento, que habría contado con la presentación del reconocido artista vallenato Nelson Velásquez y del cantante Luis Posada, además de una intérprete de música popular según algunas versiones, incluyó licor en abundancia y servicio de catering proporcionado por una empresa externa al penal. Lo más impactante: el costo total de la celebración habría ascendido a aproximadamente 500 millones de pesos, financiados mediante una contribución colectiva entre los cabecillas de las organizaciones delictivas.
"Solo al artista Nelson Velásquez se le habrían pagado 100 millones de pesos por su presentación", reveló Carrasquilla en sus denuncias públicas. La concejal cuestionó abiertamente en redes sociales: "¿Qué estarán celebrando en una cárcel de máxima seguridad que no sabemos? Mientras los ciudadanos viven con miedo, los criminales parecen estar de fiesta".
Circunstancias que facilitaron el evento
Los organizadores del evento habrían aprovechado varias circunstancias favorables:
- El director de la cárcel se encontraba en su día de descanso, quedando a cargo un mayor de apellido Cipriano
- El mismo oficial había estado al frente de la vigilancia durante el llamado "tarimazo" del 21 de junio de 2025
- Los cabecillas utilizaron el beneficio que les otorga su condición de voceros del proceso de paz
Este último punto es particularmente significativo, ya que el estatus de voceros les permite recibir tres visitantes cada miércoles, lo que habría facilitado la concentración de cerca de cien personas en el pabellón de alta seguridad.
Reacciones institucionales inmediatas
Ante la magnitud del escándalo, las instituciones respondieron con medidas contundentes:
- La delegación de Paz del Gobierno Nacional en Medellín y el Valle de Aburrá, encabezada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, suspendió inmediatamente la agenda de interlocución con los voceros criminales
- El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que la actividad no fue aprobada ni autorizada por ninguna instancia gubernamental
- Se ordenó la salida del director y del coordinador de la guardia de la cárcel de Itagüí
- Se abrió investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio durante los hechos
- Se autorizó la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad
Crisis para el proceso de paz urbana
Este escándalo se suma a una larga lista de polémicas que han rodeado el proceso de paz urbana desde sus inicios en junio de 2023. El mecanismo, conocido como Espacio de Conversación Sociojurídico, ha sido cuestionado repetidamente por los privilegios otorgados a los cabecillas y por los escasos resultados verificables.
La delegación gubernamental precisó en un comunicado que lo sucedido "no hace parte de las garantías ni del funcionamiento" del proceso de diálogo. El evento ocurrió en un contexto particularmente sensible, días después de que la Fiscalía suspendiera órdenes de captura contra los 23 capos a solicitud del Gobierno, medida que generó rechazo generalizado y obligó a la fiscal Luz Adriana Camargo a anunciar una reversión parcial.
La crisis política generada por esta fiesta millonaria dentro de una cárcel de máxima seguridad pone en evidencia las tensiones y contradicciones de un proceso de paz que busca desactivar la violencia urbana mientras enfrenta acusaciones de otorgar tratos preferenciales a criminales de alto impacto.
