Concejal de Medellín expone presuntas irregularidades en registros de acceso a cárcel de Itagüí
El concejal Andrés Felipe Tobón, perteneciente al movimiento Creemos y exsecretario de Seguridad de Medellín, presentó este martes una serie de documentos oficiales que revelarían graves inconsistencias en las minutas de ingreso a la cárcel de máxima seguridad La Paz, ubicada en el municipio de Itagüí.
Documentos clave sobre evento del 9 de abril
Según la denuncia del edil, estos registros constituirían la prueba fundamental para demostrar que el pasado 9 de abril se cometieron múltiples irregularidades administrativas y de seguridad. Los documentos consignan que no hubo novedades en el penal durante esa fecha, contradiciendo los hechos conocidos públicamente.
Ese día específico, se desarrolló dentro del establecimiento carcelario una parranda vallenata protagonizada por el reconocido cantante Nelson Velásquez, evento que formaba parte de los denominados diálogos sociojurídicos de la mesa de paz urbana.
Ingreso masivo de personas al penal
La investigación del concejal Tobón indica que más de 130 personas habrían ingresado al recinto penitenciario durante el desarrollo del evento musical, cifra que contrasta marcadamente con los protocolos habituales de seguridad y visitas en cárceles de máxima seguridad.
Las minutas de acceso revisadas por EL TIEMPO muestran registros incompletos o inconsistentes sobre la identificación y los motivos de ingreso de dichas personas, lo que generaría serias dudas sobre el control ejercido por las autoridades penitenciarias durante la actividad.
Contexto político y de seguridad
Andrés Tobón, quien anteriormente ocupó la Secretaría de Seguridad de Medellín, ha enfatizado la gravedad de estos hallazgos, señalando que comprometerían los estándares de seguridad del sistema penitenciario en una de las cárceles más importantes del departamento de Antioquia.
El concejal ha solicitado una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para determinar responsabilidades administrativas y posibles delitos relacionados con el manejo de la seguridad en el establecimiento.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y el control en las instituciones carcelarias del país, particularmente en relación con eventos especiales que puedan vulnerar los protocolos establecidos para garantizar la seguridad tanto de los reclusos como del personal y visitantes.
