En 2001, Joaquín Gallego escapó de la estación de Policía de Puente Aranda tras ser detenido por hurto. Al ser recapturado, fue enviado a la cárcel La Modelo de Bogotá para evitar una nueva fuga. Sin embargo, desde entonces nunca se volvió a saber de él. El 28 de octubre de ese año, su hermana acudió a la prisión para visitarlo, pero no encontró rastro alguno. Nadie le dio respuestas, pues en ese entonces La Modelo estaba controlada por los paramilitares de Miguel Arroyave, y los funcionarios del Inpec ejercían una autoridad meramente nominal. En esta prisión, el hampa accedía a excesos y se cometían crímenes sórdidos que, dos décadas después, aún esperan investigación.
EL TIEMPO tuvo acceso a información oficial de la Unidad de Búsqueda, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre un capítulo particular del conflicto armado: las desapariciones y la violencia homicida dentro de La Modelo. Se estableció que la Unidad de Búsqueda considera este centro de reclusión como un punto de interés forense, al igual que un cementerio municipal o una fosa común. La Fiscalía documentó al menos cinco masacres y 101 homicidios entre 1999 y 2003, y la JEP ha recibido revelaciones en audiencias reservadas.
La Modelo como sitio de interés forense
A principios del nuevo milenio, Colombia apenas conoció detalles de lo que ocurría en la prisión. Por ejemplo, a mediados de 2001, el interno Alfonso Balmes Parra fue baleado en la cancha de fútbol del establecimiento, en el marco de una vendetta entre carteles del Valle del Cauca, con plena autorización del entonces director William Gacharná Castro. Entre los escasos expedientes oficiales, destaca una acusación de la Fiscalía contra Gacharná en 2018, donde se establece que, además de Joaquín Leonardo Gallego, hay certeza de otras dos desapariciones forzadas: las de Janer Torres Castaño y Luis Norberto Osorio. Sin embargo, podría haber más.
Según Alex Alberto Moreno, director regional de la Unidad de Búsqueda en Bogotá, es común que anónimos se acerquen a la entidad para alertar sobre cuerpos de desaparecidos dentro del penal. “Aquí vienen personas y nos dicen lo que pasó en la cárcel La Modelo. Pero esos testimonios tienen reserva. Esta entidad tiene un carácter extrajudicial, lo que nos permite recopilar mucha información sin perseguir el delito”, explicó. La Unidad de Búsqueda en Bogotá tiene registro de 5.040 personas desaparecidas.
Moreno señaló que intervenir La Modelo no es fácil, pues es un área muy grande y las fuentes de información no delimitan lugares específicos. “Pasa lo mismo, guardadas proporciones, con la escuela de logística del Ejército, donde se cree que está el cuerpo del líder sindical Pedro Julio Movilla. Intervenir una estructura que ha evolucionado requiere una investigación previa robusta que dé cuenta de las dinámicas de la desaparición. Estamos verificando si los cuerpos están ahí o salieron de la cárcel”, agregó.
El estudio de la Unidad de Búsqueda va más allá de la guerra entre guerrillas y paramilitares (1999-2003), pues se tiene información de que esta prisión pudo ser centro de depósito de cuerpos tras el holocausto del Palacio de Justicia en 1986. Así lo establece el Plan Regional de Búsqueda de Bogotá, que sitúa a La Modelo al mismo nivel que la Casa del Florero, el Batallón Guardia Presidencial, la SIJÍN, la DIJÍN, el DAS, el B-2, el Batallón Charry Solano o el Batallón de Artillería. También son de interés forense la cárcel El Buen Pastor y los hospitales Militar, de la Hortúa y San Pedro Claver.
Con respecto a la época más álgida del conflicto, la Unidad de Búsqueda cuenta con un informe del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que establece 17 desaparecidos tras la masacre paramilitar de 2000, que dejó más de 25 muertos. “Uno de los casos fue el del preso Carlos Alberto León Giraldo, cuyo cadáver fue encontrado por la Defensoría del Pueblo, descuartizado, metido en una bolsa de plástico y escondido en una de las paredes del patio dos de La Modelo”, explica el Comité. Un testimonio reservado agrega que “hubo una masacre en la cárcel, en la que se asesinaron a casi 60 personas, pero el Inpec solo reportó 32: Eran 57 cadáveres que había ahí tirados. Yo mismo los conté, y el Inpec salió con una lista de 32, no sé qué hicieron con los otros cadáveres”.
Para el director Moreno, todas las pistas están sobre la mesa, pero falta consolidar una macroinvestigación previa antes de ordenar una intervención, con la agravante de que “faltan recursos”. “Cubrimos la búsqueda en 115 municipios de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas. Somos un equipo de 16 personas, con solo cinco investigadores. Tenemos cerca de 30 investigaciones en curso. En vez de abrir todas las líneas al tiempo, estamos abriendo líneas para ir cerrando esos sitios, agotándolos. Ahora trabajamos primero los cementerios y las áreas rurales de Bogotá, y documentamos las otras locaciones”, dijo.
Detalles inéditos de la Fiscalía
En la decisión de la Fiscalía de vincular mediante indagatoria a dos generales (r.) de la Policía y a exdirectores del Inpec y de la Dijín por el secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, se evidenció uno de los capítulos más oscuros de La Modelo: las desapariciones, torturas y masacres que, según el expediente, dejaron al menos 101 internos asesinados entre 1999 y 2003.
La investigación sostiene que dentro del penal operó una estructura ilegal integrada por miembros de las autodefensas recluidos, bajo el liderazgo de José Miguel Arroyave Ruiz y Ángel Custodio Gaitán Mahecha, a la que luego se sumó Juan de Jesús Pimiento Traslaviña. La organización se consolidó en 1999 con la aquiescencia de Carlos Castaño y logró controlar distintos patios del centro penitenciario.
Según testimonios, la estructura mantenía un sistema de extorsión a los internos recién llegados, con recaudos de entre 60 y 70 millones de pesos semanales. Las víctimas que no pagaban eran retenidas en espacios improvisados entre celdas y pabellones, descritos como túneles o “socavones”, corredores estrechos sin ventilación ni luz, donde permanecían hacinados decenas de reclusos. Esos lugares también fueron utilizados para torturas y castigos.
Uno de los escenarios descritos es el “tanque pequeño de castigo”, ubicado en el pabellón 5, donde se aplicaban descargas eléctricas a los detenidos. El expediente recoge la declaración de Roberto Carlos Delgado, quien relató que el lugar era una alberca de cemento utilizada para castigar internos.
La Fiscalía sostiene que la organización también cometió homicidios y desapariciones forzadas de forma sistemática, contra internos vulnerables. Las órdenes provenían del pabellón de Alta Seguridad y eran transmitidas a mandos intermedios. “Con el propósito de cometer los delitos de homicidio y desaparición forzada... dan cuenta las declaraciones y versiones que tuvieron lugar con ocasión del accionar de esta organización, con la ejecución de masacres para tomar el control de los patios, ajustes de cuenta, obtener provecho económico, intereses particulares, a manera de sanción, con propósitos fútiles, para infundir terror, empleando diferentes formas de dar muerte, tales como asfixia mecánica, intoxicación por cianuro, armas de fuego, medios contundentes o cortopunzantes”, sostiene la Fiscalía.
La resolución detalla tres de las cinco masacres ocurridas entre 1999 y 2001. La primera fue el 8 de diciembre de 1999 en el patio 5 del ala sur, organizada por integrantes de las autodefensas para eliminar a líderes de ese patio. Dejó 11 muertos y 8 heridos por arma de fuego. Tras esa incursión, se consolidó el sistema de extorsiones y secuestros.
La segunda masacre ocurrió el 27 de abril de 2000 en el patio 4 del ala sur, planeada desde enero de ese año para consolidar el control paramilitar. Participaron internos armados con fusiles, granadas, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas. Varios reclusos fueron asesinados con armas de fuego, degollados o golpeados con elementos contundentes como pesas de gimnasio. El saldo fue de 25 muertos y 15 heridos. La investigación afirma que se realizaron reuniones en el pabellón de Alta Seguridad con autorización del entonces director de La Modelo, Reinaldo Fierro Rico.
La tercera masacre se registró entre el 2 y el 3 de julio de 2001 en el patio 2 del ala norte, cuando las autodefensas pretendían extender su control hacia sectores dominados por internos vinculados a la guerrilla. Dejó 10 muertos y 23 heridos.
Fue en ese contexto que Jineth Bedoya Lima denunció posibles desapariciones forzadas dentro de La Modelo, dando origen a investigaciones disciplinarias. Las confesiones de exparamilitares acogidos a la justicia transicional permitieron reconstruir mecanismos para ocultar los crímenes: varios cuerpos habrían desaparecido tras las masacres para “minimizar el impacto de tantos muertos” y simular fugas.
La Fiscalía concluyó que los registros penitenciarios de la época eran incompletos y presentaban inconsistencias, con faltantes de internos y deficiencias en el control de la población carcelaria. Dentro del Plan de Búsqueda de Desaparecidos, las autoridades verificaron al menos tres casos de desaparición forzada: Janner Torres, Luis Norberto Osorio y Joaquín Leonardo Gallego, quienes figuraban en los registros del Inpec como “baja por fuga”.
El expediente en la justicia transicional
El exdirector William Gacharná, aceptado en 2023 en la JEP a cambio de su colaboración, expuso otros pormenores de la violencia en el penal. “Cuando se suscitaban esas balaceras, usted no lo va a creer, uno les daba gracias a esos tipos cuando le decían salgase que esto se va a prender. Y a correr se dijo”, explicó en audiencias reservadas.
“En alguna ocasión entré al pabellón de alta seguridad y me sorprendí de ver a Miguel Arroyave con un jacuzzi portátil. Yo atiné a decirle buenos días y continuar. No hice nada. Había prenderías. Negocios de toda índole. Hasta rifaban el servicio de prostitución en diferentes patios”, dijo en audiencias de mediados de 2023.
Gacharná estuvo en dos periodos: entre febrero y noviembre de 1999 como subdirector, y entre abril y junio de 2001 como director en propiedad. Tras tres días de audiencias, la conclusión es estremecedora: en La Modelo, los paramilitares tenían un centro de operaciones. Desde allí, Miguel Arroyave reclutó a bandas criminales para crear el Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre los aportes valorados por la JEP, Gacharná señaló que, aunque él no era director en la época de esas desapariciones, Albert Narváez Mejía, alias El Quemado, y William Parra Arroyave, alias El Político, son responsables por las desapariciones de Leonardo Gallego, Janer Torres Castaño y Norberto Ramírez.
“Partiendo de que no sabíamos qué internos teníamos, yo cómo le puedo decir al país que sé que se perdió fulano o sutano. Nunca una familia vino a reclamar a nadie. (En casos de desapariciones) lo que le decíamos al juez es que informaciones al interior nos dan cuenta de que un tipo se fugó. Pero no podíamos certificar que efectivamente se habían fugado. Esa posibilidad de que hubiese cementerios al interior, no la sé. Es imposible que nosotros hayamos capturado todos los túneles que ellos estaban construyendo. Si un túnel de esos se derrumbó y allá hay una persona atrapada... esa es una posibilidad elevadísima”, concluyó.
Así las cosas, los expedientes administrativo y penales indican que la probabilidad de existencia de cuerpos de desaparecidos es alta. Los cuerpos esperan ser descubiertos mientras el penal sigue funcionando. El reto institucional es grande, pues la Unidad de Búsqueda no cuenta con los recursos y su investigación sigue en etapa preliminar. La Fiscalía apenas tiene identificadas a tres personas desaparecidas, cuyas familias no han recibido noticias sobre una intervención próxima. La posibilidad de un hallazgo forense permanece en el limbo.
