Procuraduría asume investigación disciplinaria por escándalos en cárcel de máxima seguridad
La Procuraduría General de la Nación ha decidido intervenir directamente en el polémico caso de la Cárcel de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, en Antioquia, tras evidenciarse graves irregularidades que comprometen el control interno del centro penitenciario. El ente de control ejercerá su poder preferente para asumir la investigación disciplinaria que inicialmente había sido abierta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Fiestas vallenatas y artistas en prisión
El escándalo estalló cuando se conoció que al interior del penal se habría realizado una parranda vallenata con la participación del reconocido cantante Nelson Velásquez. Según información preliminar, el evento ocurrió el 8 de abril y contó con el ingreso de personas no autorizadas al recinto carcelario, violando todos los protocolos de seguridad establecidos para un centro de máxima seguridad.
La Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia realizó una visita de inspección al pabellón uno del centro penitenciario el 9 de abril, donde constató las irregularidades. Como resultado, once servidores públicos del Inpec están siendo investigados por su posible responsabilidad en estos hechos que han generado alarma nacional.
Privilegios incompatibles con la seguridad
Las investigaciones han revelado que este no sería un hecho aislado en la cárcel de Itagüí. Entre las situaciones denunciadas previamente se encuentran:
- Organización de parrandas vallenatas con artistas reconocidos
- Construcción de suites personalizadas para capos de la Oficina de Envigado
- Edificación de una capilla dentro del recinto penitenciario
- Presunta gobernanza criminal al interior del centro de reclusión
La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, ha sido enfática en sus críticas: "Hay una gobernanza criminal al interior de la cárcel de máxima seguridad. Ellos son los que exponen, ellos son los que hacen, ellos son los que ordenan qué pasa allí".
Negociaciones de paz y controles fallidos
La controversia adquiere dimensiones mayores al considerar que los reclusos señalados pertenecerían a la Oficina de Envigado, organización criminal con la que el Gobierno Nacional adelanta actualmente mesas de negociación. Esta situación genera profundos cuestionamientos sobre cómo internos catalogados como altamente peligrosos estarían accediendo a beneficios especiales dentro de un centro que, por definición, debería tener los controles más estrictos.
La Procuraduría ha ordenado la remisión inmediata del expediente para evitar duplicidad de investigaciones y garantizar el debido proceso. Este caso pone en evidencia las fallas estructurales en el sistema penitenciario colombiano y la necesidad de reformas profundas que garanticen la seguridad y el cumplimiento efectivo de las penas.
