Procuraduría inicia proceso disciplinario contra ocho funcionarios del Inpec por escándalo en La Picota
La Procuraduría General de la Nación ha formulado un pliego de cargos contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), incluyendo al exdirector encargado de la cárcel La Picota, por su presunta responsabilidad en una serie de graves irregularidades ocurridas dentro del pabellón de alta seguridad destinado a extraditables.
Celebraciones descontroladas con artistas vallenatos
Según la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron específicamente entre el 19 y el 26 de septiembre de 2022, durante las festividades de la Virgen de las Mercedes. En ese período, los funcionarios investigados habrían permitido:
- El ingreso masivo de elementos prohibidos al establecimiento penitenciario
- La realización de grandes eventos musicales con artistas reconocidos
- La entrada de bebidas alcohólicas, cigarrillos y equipos de comunicación
- La organización de juegos de azar y mesas de apuestas
Las investigaciones periodísticas y videos filtrados por los propios reclusos evidenciaron una celebración de varios días que incluyó la presentación en vivo de reconocidos artistas vallenatos como Ana del Castillo, el 'Mono' Zabaleta y 'Churo' Díaz ante capos del narcotráfico solicitados en extradición.
Los funcionarios implicados y sus responsabilidades
El ente de control identificó a los ocho funcionarios sujetos al proceso disciplinario:
- Carlos Hernán Camacho - Exdirector encargado del complejo carcelario
- Luis Francisco Gómez Benítez - Capitán de prisiones
- Blademir Sambony Suárez - Dragoneante de controles de custodia
- Luis Francisco Ortegón Ortegón - Dragoneante de controles de custodia
- Oscar Jiménez Idárraga - Dragoneante de controles de custodia
- Diego Alejandro Segura Fandiño - Dragoneante de controles de custodia
- Jonathan Suárez Cortés - Dragoneante de controles de custodia
- Ediuth Alexander González - Dragoneante de controles de custodia
Graves vulneraciones a los protocolos de seguridad
La Procuraduría determinó que estas acciones constituyen una falta gravísima para la administración carcelaria, representando una grave vulneración de los protocolos de seguridad y del reglamento del régimen penitenciario. La situación se agrava por ocurrir en un área del penal exclusivamente destinada a internos de alta seguridad con estrictas restricciones de control.
El organismo disciplinario concluyó que los ocho funcionarios habrían omitido flagrantemente sus responsabilidades operativas y quebrantado las normas que regulan el control de elementos permitidos y prohibidos, establecidas tanto en el Código General Disciplinario como en los manuales institucionales del Inpec.
Impacto en la confianza institucional
Finalmente, la Procuraduría subrayó que el rigor en la vigilancia del sistema penitenciario es fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley, y advirtió que este tipo de escándalos socavan directamente la seguridad institucional y la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
El caso ha generado amplia repercusión mediática y pone en evidencia las graves fallas en los sistemas de control dentro de uno de los centros penitenciarios más importantes del país, especialmente en áreas destinadas a reclusos de alta peligrosidad y con procesos de extradición en curso.
