Fiscalía expone grave manipulación del sistema penitenciario colombiano
Una alarmante radiografía del sistema carcelario en Colombia fue presentada durante un foro de seguridad ciudadana en la Universidad Externado. El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González, reveló que existen detenidos que no solo rechazan recuperar su libertad, sino que activamente buscan permanecer en ciertos centros penitenciarios para continuar con sus actividades delictivas desde dentro.
Negociaciones internas y elección de cárceles
Según las investigaciones de la Fiscalía sobre delitos contra funcionarios del Inpec, se identificaron dinámicas internas donde los reclusos negocian entre ellos mismos el lugar donde desean estar recluidos. "No lo decide el Inpec, lo están decidiendo ellos mismos", advirtió el fiscal González, explicando que estos movimientos responden a intereses económicos ilegales que se mantienen activos incluso tras las rejas.
La Picota: epicentro de extorsión desde prisión
El foco principal de esta preocupante disputa es la cárcel La Picota, señalada como el epicentro de estructuras de extorsión que operan desde el interior del penal. Testimonios recogidos por las autoridades indican que algunos internos expresan abiertamente su preferencia por este centro, con frases como "Yo quiero La Picota porque ahí es donde más hago plata", evidenciando cómo perciben este lugar como una oportunidad para delinquir con mayor rentabilidad.
Cómbita: máxima seguridad infiltrada
Pero el problema no se limita a La Picota. La cárcel de Cómbita, en Boyacá, considerada de máxima seguridad, también figura entre las más apetecidas por los reclusos. Según el fiscal, allí los detenidos buscan fortalecerse económicamente, lo que sugiere que incluso los centros con mayores controles y medidas de seguridad estarían siendo permeados por redes criminales internas que operan con impunidad.
Controversia y rechazo del sindicato del Inpec
Estas revelaciones han generado una fuerte controversia institucional. Desde el sindicato del Inpec rechazaron categóricamente las afirmaciones del fiscal y exigieron pruebas concretas que sustenten estas acusaciones. Los representantes sindicales aseguran que la asignación de cupos en los centros penitenciarios responde estrictamente a la disponibilidad y a criterios institucionales establecidos, negando que los internos tengan injerencia alguna en estas decisiones administrativas.
Hasta el momento, ni el Inpec ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial frente a estas denuncias presentadas por la Fiscalía, dejando en el aire la veracidad de estas graves acusaciones sobre el control interno del sistema penitenciario colombiano.
