La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este jueves que apenas el 58,6 % de las personas privadas de la libertad en las cárceles inspeccionadas cuenta con una cama propia, lo que obliga a muchos reclusos a dormir en el suelo, en pasillos o en estructuras improvisadas.
Informe de contraste al sistema penitenciario
La situación se desprende del Informe de contraste al XIX análisis del Gobierno sobre el estado del Sistema Penitenciario y Carcelario, elaborado tras inspecciones realizadas a 20 cárceles durante el segundo semestre de 2025. La Defensoría advierte que persisten fallas estructurales en el sistema.
En esos Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), que equivalen al 16 % de las cárceles en funcionamiento, permanecen 33.567 personas privadas de la libertad, cerca del 30 % de la población carcelaria del país.
Principales hallazgos en las cárceles
Entre los hallazgos más críticos, la Defensoría encontró un déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias y ausencia de espacios adecuados para visitas íntimas. También documentó barreras recurrentes en la atención médica, como demoras en procedimientos, dificultades para acceder a citas especializadas y problemas en el abastecimiento de medicamentos, tanto en cárceles masculinas como La Modelo, como en centros femeninos como El Buen Pastor, en Bogotá.
Centros transitorios en condiciones críticas
La Defensoría también inspeccionó 55 centros de detención transitoria (CDT), en los que encontró 5.510 personas detenidas en espacios diseñados para permanencias inferiores a 36 horas. Según el informe, el 82,5 % llevaba más tiempo del permitido y el 15 % permanecía allí desde hacía más de un año.
Además, se hallaron instalaciones con ventilación e iluminación deficientes, así como centros en los que un solo sanitario debía ser compartido por 125 personas, pese a que la norma establece uno por cada 25 detenidos.
Recomendaciones de la Defensoría
Ante este panorama, la Defensoría pidió al Gobierno avanzar en la humanización de la pena, fortalecer la infraestructura penitenciaria, garantizar recursos para salud y alimentación, y modernizar los sistemas de información del sistema carcelario.
