Escándalo penitenciario: suspenden a guardián de cárcel de Itagüí tras parranda vallenata con capos del narcotráfico
En medio de un escándalo que ha conmocionado al sistema penitenciario colombiano, el presidente Gustavo Petro ordenó el traslado de los capos criminales que permanecían en la cárcel de Itagüí, Antioquia, luego de revelarse una parranda vallenata ilegal y otros episodios de corrupción dentro del penal.
Suspensión masiva de funcionarios
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció la suspensión temporal de once funcionarios adscritos a este centro carcelario, entre los que se encuentra Fredy Antonio Ciprián Díaz, director de Comando y Vigilancia de la cárcel de Itagüí.
Las medidas disciplinarias se tomaron seis días después de que la exfiscal y actual concejal Claudia Carrasquilla revelara en sus redes sociales imágenes que mostraban el ingreso de decenas de personas sin registro al penal, mientras que EL TIEMPO publicó un informe confidencial que documentaba cómo en esta cárcel se planeaban homicidios, operaciones de narcotráfico y alianzas con estructuras criminales internacionales como el 'Tren de Aragua'.
Denuncia detallada contra mandos medios
En una denuncia presentada en abril de 2025, la concejal Carrasquilla mencionó específicamente a varios funcionarios del Inpec presuntamente involucrados en ingresos irregulares de personal y objetos prohibidos al penal. La investigación ahora se centra en verificar por qué Ciprián, como máximo responsable de la vigilancia, no informó sobre los eventos ilegales que ocurrían bajo su supervisión.
"Por su cargo, el teniente Ciprián debía conocer lo que estaba sucediendo en el penal. Por eso, debe verificarse por qué no informó sobre lo que pasó o no se tomaron acciones para evitar el evento ilegal", declaró una fuente del Inpec a este medio, confirmando que la investigación incluye incluso el análisis de las propiedades del funcionario suspendido.
Patrimonio bajo la lupa
Las autoridades investigan particularmente la adquisición por parte de Ciprián de una camioneta Mazda modelo CX-50 2023, color machine gray, con matrícula de Envigado, cuyo valor se estima en aproximadamente 140 millones de pesos. Además, se examina un apartamento propiedad del funcionario en el conjunto Centro Negro Club House de Pereira.
La investigación también abarca a la entonces directora del penal, Ana Sofía Hidalgo, y otros mandos medios que habrían permitido las irregularidades documentadas, que incluyen no solo la parranda vallenata con la participación del cantante Nelson Velásquez, sino también el ingreso de licor, drogas, mujeres y remodelaciones extravagantes en las celdas de algunos reclusos.
La defensa del funcionario suspendido
Contactado por este medio, el dragoneante Ciprián ofreció su versión de los hechos: "Tengo que decir que las cosas no son como dice la concejal Claudia Carrasquilla. Uno como jefe no es monedita de oro para caerle bien a todos. Y hay funcionarios malos. A mí me toca delegar funciones y otros las tergiversan".
El teniente explicó que el día de los hechos, 8 de abril, había regresado de vacaciones de Semana Santa y que durante el almuerzo en la casa fiscal asignada dentro del penal, se produjo el ingreso irregular de personas. "Sobre las 2:30 de la tarde me enteré porque el director encargado me preguntó qué estaba pasando y claramente, yo también quedé sorprendido porque no sabía nada", afirmó.
Ciprián confirmó que el Inpec ya le notificó formalmente sobre su suspensión temporal y traslado a la cárcel de Jamundí, comprometiéndose a proporcionar los nombres de los funcionarios que estaban de turno durante los eventos investigados cuando sea llamado a declarar oficialmente.
Operativo de allanamiento y hallazgos
Durante un operativo realizado en la cárcel de Itagüí, las autoridades encontraron numerosos objetos prohibidos que confirman las graves irregularidades denunciadas. Las imágenes proporcionadas por las autoridades muestran evidencia contundente de las actividades ilícitas que se desarrollaban dentro del penal con presunta complicidad de algunos funcionarios.
Mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades definitivas y aplicar las sanciones correspondientes, este caso ha puesto en evidencia las graves falencias en el sistema penitenciario colombiano y la infiltración del crimen organizado en instituciones estatales, un problema que el gobierno nacional ha prometido abordar con medidas drásticas y reformas estructurales.
