Traslado de cabecillas a Bogotá tras escándalo en cárcel de Itagüí
Una semana después de que se revelara la polémica fiesta con comida, alcohol y reconocidos cantantes en uno de los patios de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, las medidas anunciadas por el gobierno nacional comienzan a tomar forma, afectando directamente a varios de sus protagonistas. Se trata de voceros de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá que participaban en la suspendida Mesa de Paz Urbana con el Gobierno nacional.
Anuncio presidencial y medidas de fondo
Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro hizo una de sus primeras referencias públicas frente al escándalo, anunciando medidas de fondo que podrían profundizar la crisis del espacio sociojurídico. La principal decisión tiene que ver con el traslado a un centro de reclusión en Bogotá de los implicados en lo que fue una verdadera parranda vallenata que habría costado 500 millones de pesos, 100 de ellos utilizados específicamente para pagar al reconocido cantante Nelson Velásquez.
"Los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel, le entran esa otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí. Se acabó el tema", afirmó el mandatario colombiano con contundencia.
Reacciones políticas y cuestionamientos
La decisión adoptada por el jefe de Estado había sido una de las solicitudes planteadas por la denunciante de lo ocurrido, la exfiscal y concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, así como por el presidente del Concejo Distrital, Alejandro De Bedout y el exsecretario de Seguridad y también actual corporado, Andrés Tobón.
Este último fue uno de los primeros en pronunciarse sobre lo dicho por Petro, expresando su escepticismo sobre el asunto. "¡No se fien de estas promesas vacías! Llevo 3 años denunciando todo lo que está mal con ese proceso. Cosas mucho peores que la fiesta infame. ¿Creen que el gobierno no sabe todo? Nunca les importó", dijo Tobón en su cuenta de X.
Claudia Carrasquilla también se pronunció cuestionando al Gobierno nacional frente a la responsabilidad en el escándalo: "esos criminales se sintieron con poder porque usted los premió como 'gestores de paz' mientras se burlaban de Medellín, del país y sobre todo de las víctimas", dijo la concejal refiriéndose directamente al presidente Petro.
Detalles de la organización y protagonistas
Aunque aún no se conoce oficialmente quiénes serán los cabecillas trasladados de sitio de reclusión, las denuncias indican que la fiesta fue organizada con motivo del cumpleaños de Paulo Andrés Torres, alias 'Pocho', cabecilla del grupo delincuencial La Agonía. Entre los invitados y financiadores habrían estado otros alias como:
- 'Tom'
- 'Lindolfo'
- 'Carlos Pesebre'
- 'Douglas'
- 'Chirri'
entre otros miembros de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Consecuencias institucionales y políticas
Tras lo ocurrido y luego de los operativos de la misma guardia del Inpec que dejó al descubierto otras comodidades al interior de los patios con neveras y otros electrodomésticos, se anunciaron investigaciones a funcionarios de la misma institución y la suspensión de diálogos hasta que no se esclarezcan plenamente circunstancias y responsables.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, opinó que también debería haber repercusiones para la senadora Isabel Zuleta, en su rol de coordinadora de este espacio sociojurídico.
"Esta mesa se debe acabar inmediatamente, y la senadora del pacto histórico, Isabel Zuleta, debe apartarse porque no solo le quedó mal a los bandidos, le quedó mal a la ciudad, le quedó mal al presidente, y que más bien se vaya a responder ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, por toda la extralimitación que ha tenido con esa coordinación que le designó el presidente de la república", destacó de Bedout con firmeza.
Próximos pasos y expectativas
Se espera que en los próximos días se empiecen a conocer determinaciones específicas sobre los cabecillas de bandas delincuenciales que serán trasladados desde el Sur del Valle de Aburrá hasta la capital de Colombia. El escándalo ha puesto en evidencia las complejidades y desafíos de los procesos de paz urbana, generando un debate nacional sobre los límites y controles necesarios en estos espacios de diálogo con actores armados.
