Inpec ordena traslado de reclusos a cárcel de máxima seguridad en Itagüí
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ha tomado una decisión contundente tras los graves cuestionamientos por las irregularidades evidenciadas en la cárcel La Paz de Itagüí. Fiestas populares con música vallenata, consumo de licor, presencia de mujeres y hasta estupefacientes, además de lujos otorgados a cabecillas de la paz urbana, han motivado medidas drásticas por parte de las autoridades.
Cuatro traslados desde Yarumito
Mediante la resolución 002832 del pasado 20 de abril, el Inpec ejecutó este martes el traslado de cuatro reclusos desde la cárcel Yarumito hacia el penal de máxima seguridad ubicado en el sur del Valle de Aburrá. La verificación realizada por el Grupo de Seguridad Penitenciaria estableció que estas personas no cumplen las condiciones para permanecer en un pabellón de especial seguridad.
Entre los trasladados se encuentra una figura política de alto perfil: Óscar Andrés Pérez, exalcalde de Bello, condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Su situación ha generado especial preocupación debido al riesgo que podría correr al compartir espacio con voceros de la mesa de paz, algunos de los cuales fueron capturados durante su administración.
Acciones legales y contexto del caso
Ante esta situación, los afectados han instaurado una acción de tutela para proteger su integridad física. El traslado también incluyó a otros tres reclusos:
- Juan David Benjumea, exalcalde de Hispania
- Jairo Giraldo Naranjo, ex juez primero del circuito de Bello
- Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la extinta EPS Saludcoop
Estos últimos, junto a Carlos Gustavo Palacino Antia (expresidente del Tribunal Superior de Bogotá), fueron condenados a 15 años de prisión por su participación en recobros ilegales al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).
Consecuencias en Yarumito y panorama actual
Con este movimiento, la cárcel de Yarumito ha quedado con solo siete de los once reclusos que albergaba anteriormente. De estos, dos se encuentran sindicados mientras los restantes cumplen condenas por delitos relacionados con corrupción. La medida del Inpec busca restablecer el orden y la seguridad en el sistema penitenciario, tras los escándalos que han comprometido la credibilidad de la institución.
Las irregularidades en la cárcel La Paz de Itagüí, que incluyeron desde celebraciones inapropiadas hasta el trato privilegiado a ciertos internos, han puesto en evidencia las debilidades del sistema carcelario colombiano. Las autoridades mantienen que estos traslados son necesarios para garantizar tanto la seguridad de los reclusos como el correcto funcionamiento de las instalaciones penitenciarias.
