Los abogados penalistas Felipe Alzate y Simón Hernández han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, alegando ser víctimas de supuestas amenazas, seguimientos y actos de perfilamiento que han generado un ambiente de temor en su entorno profesional y personal. La denuncia, que consta de seis páginas, detalla una serie de hechos que los letrados consideran constitutivos de delitos como amenazas y constreñimiento ilegal.
Detalles de la denuncia
En el documento, conocido por EL TIEMPO, los abogados relatan haber recibido mensajes intimidatorios directos, así como haber sido objeto de seguimientos en sus entornos laborales. Además, señalan que terceras personas estarían intentando acceder a información sensible, lo que sugiere un posible perfilamiento en su contra. Los denunciantes indican que quienes habrían accedido a dicha información tendrían un grado de cercanía, ya que se trata de datos que solo se manejan en círculos privados.
Casos de alto perfil
Alzate y Hernández representan actualmente varios casos de gran relevancia en el ámbito penal y disciplinario. Entre ellos se encuentra la representación de Beatriz Niño como presunta víctima del exembajador Daniel Garcés, la defensa del exalcalde William Dau y la disputa por el lote donde se ubica el conocido Palo del Ahorcado. Estos casos podrían estar relacionados con las amenazas que han recibido.
Naturaleza de las amenazas
La denuncia subraya que los actos no pueden ser considerados como aislados o espontáneos, sino como parte de una secuencia estructurada de comportamientos orientados a generar zozobra. En ella confluyen acciones presenciales, mediáticas y tecnológicas. La ausencia de exigencias económicas refuerza la naturaleza eminentemente intimidatoria de las conductas, descartando su encuadre dentro de esquemas extorsivos tradicionales.
Impacto en el entorno familiar y laboral
Los hechos denunciados no solo afectan a los abogados, sino que se extienden a sus familiares y miembros de su entorno laboral. Según la denuncia, esto constituye un mecanismo indirecto de presión que incrementa su eficacia coactiva, generando un clima de inseguridad que trasciende el ámbito profesional.
Delitos investigados
Los abogados solicitan a la Fiscalía que investigue los delitos de amenazas y constreñimiento ilegal. Ambos penalistas esperan que las autoridades realicen una investigación a fondo para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La denuncia fue radicada en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, y se espera que en los próximos días se inicien las diligencias pertinentes.
