Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron enviados a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras ser señalados de su presunta participación en un caso de tortura ocurrido en el oriente de Antioquia.
Detalles de la medida
La medida cobija al intendente Rodolfo Herrera Hernández; los subintendentes Yonerse Alejandro Álvarez Marín y Sor Ángela Sánchez Duque; y la patrullera María Gabriela Yáñez Rodríguez, a quienes la Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de tortura. En el caso del intendente, además, se le atribuyó el delito de falsedad ideológica en documento público.
Los hechos
Según la investigación, los hechos se remontan al 9 de julio de 2025, cuando un hombre que se encontraba bajo custodia policial fue sacado de la estación de Policía del municipio de San Vicente bajo engaños y conducido en un vehículo de la institución hasta la vereda Llanadas de La Ceja. Allí, de acuerdo con el fiscal del caso, los uniformados lo habrían intimidado con herramientas como una pala y una pica, advirtiéndole que sería enterrado si no entregaba información sobre una supuesta caleta en la zona que tenía armas y dinero.
"Le infligieron sufrimiento psíquico, exhibiéndole herramientas como palas y palines, a modo de intimidación, ya que, si no entregaba la información pedida, entrega de caletas, sería ultimado y enterrado en una fosa", relató el fiscal.
Huida y denuncia
Tras lo ocurrido, el relato de la Fiscalía indica que la víctima logró huir del lugar y refugiarse en una finca ubicada en el municipio de La Unión, donde recibió ayuda. Posteriormente, fue contactado por unidades de la Dijin, ante las cuales se presentó de manera voluntaria. El ente acusador también estableció que, dos días después de lo ocurrido, el intendente Herrera Hernández reportó a sus superiores que el detenido se había fugado durante un traslado médico, versión que es cuestionada dentro del proceso.
Decisión judicial
Con base en estos elementos, el ente investigador solicitó la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que fue avalada por el juez, al considerar la gravedad de los hechos y la posible responsabilidad de los procesados. No obstante, la defensa de los mismos apeló la decisión en segunda instancia.
