Condena histórica por violencia policial durante el estallido social
Después de un prolongado proceso judicial que se extendió por cinco años, un juez penal ha emitido una sentencia condenatoria contra un exintegrante del antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por causar la ceguera permanente de un ojo a una joven universitaria durante las protestas de 2021 en Bogotá.
Los hechos que conmocionaron al país
Según los documentos de la Fiscalía General de la Nación, los eventos ocurrieron el 28 de abril de 2021, en medio de las masivas movilizaciones sociales que sacudieron a Colombia. Danilo José Núñez Zabaleta, quien en ese momento pertenecía a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad, fue identificado mediante su placa de identificación y los registros oficiales del arma que tenía asignada.
La investigación estableció que el uniformado disparó intencionalmente un proyectil de goma contra Leidy Natalia Cadena, una estudiante universitaria que regresaba a su residencia después de participar en una manifestación pacífica en el centro histórico de Bogotá. El impacto del proyectil le causó una lesión gravísima en el ojo derecho, lo que resultó en la pérdida irreversible e irreversible de la visión en ese órgano.
Fundamentos de la decisión judicial
En su fallo de 45 páginas, la magistrada encargada del caso determinó que la actuación del agente policial fue "desproporcionada, innecesaria y contraria a los protocolos institucionales establecidos". Estos elementos fueron considerados fundamentales para sustentar la condena, ya que demostraron un uso excesivo de la fuerza en circunstancias que no lo justificaban.
El expolicía fue declarado culpable del delito de lesiones personales con perturbación funcional permanente, un cargo que refleja la gravedad del daño causado a la víctima. Además de la pena principal de siete años de prisión, el condenado deberá enfrentar consecuencias adicionales significativas.
Consecuencias legales y reparación
La sentencia incluye medidas complementarias que buscan garantizar justicia integral:
- Pago de una multa millonaria cuyos fondos serán destinados a la reparación de la víctima
- Prohibición de ejercer cualquier función pública durante 84 meses consecutivos
- Obligación de participar en programas de formación en derechos humanos
- Inscripción en el registro nacional de condenados por delitos contra la integridad personal
Contexto del estallido social de 2021
Las protestas que marcaron ese año histórico comenzaron tras el anuncio de una reforma tributaria impulsada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Lo que inició como manifestaciones contra medidas económicas se transformó en un movimiento social masivo que duró varios meses y se extendió por todo el territorio nacional.
Durante este periodo, numerosas organizaciones de derechos humanos documentaron y denunciaron graves violaciones a las garantías fundamentales de los manifestantes. Según los informes consolidados por estas entidades, más de 80 personas perdieron la vida de forma violenta durante las protestas, con la mayoría de estos casos atribuidos a abusos y excesos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Esta sentencia representa uno de los primeros fallos condenatorios significativos relacionados con la violencia policial durante el estallido social, estableciendo un precedente importante para casos similares que aún se encuentran en proceso de investigación judicial.
