Fiscalía actúa contra corrupción policial en zonas turísticas de San Andrés
En una acción contundente para combatir la corrupción dentro de las instituciones de seguridad en las principales zonas turísticas del país, la Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas ejemplares en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la isla ha judicializado recientemente al patrullero de la Policía Nacional, Andrés Camilo Mejía Epieyu, quien está señalado de utilizar su uniforme y autoridad para fines ilícitos.
Los hechos ocurrieron en emblemático punto turístico
De acuerdo con el expediente presentado ante un juez con función de control de garantías, los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el pasado 18 de febrero. El escenario fue la concurrida Avenida Circunvalar, específicamente en las inmediaciones del sector turístico conocido como El Hoyo Soplador, uno de los puntos más visitados por viajeros nacionales e internacionales en toda la región insular.
Modalidad de extorsión a turistas extranjeros
La investigación determinó que el uniformado, mientras ejercía labores de vigilancia y control en la zona, abordó a dos conductores extranjeros: un ciudadano de nacionalidad chilena y otro de nacionalidad estadounidense. Aprovechando su posición oficial, Mejía Epieyu habría simulado la comisión de infracciones de tránsito para intimidar a los turistas y luego proceder con sus exigencias económicas.
La evidencia recaudada por el ente acusador indica que el patrullero solicitó sumas de dinero para evitar el trámite legal de los comparendos. Al ciudadano chileno se le habrían exigido 200.000 pesos, mientras que al estadounidense se le pidió la suma de 100.000 pesos. Estos cobros irregulares pretendían ser una "salida rápida" para que los visitantes no vieran interrumpida su estancia en la isla por sanciones administrativas.
Cargos presentados y reacción del implicado
Ante la gravedad de los hallazgos, la Fiscalía imputó al procesado el delito de concusión, un cargo que se aplica cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir dinero o cualquier otra utilidad indebida. Pese al material probatorio presentado, que incluye testimonios y elementos contextuales, el patrullero no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares, manteniendo su posición de no reconocer los hechos que se le imputan.
Este caso representa un ejemplo claro de los esfuerzos institucionales por proteger la imagen turística del país y garantizar la seguridad jurídica de los visitantes internacionales. Las autoridades han reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas las interacciones entre funcionarios públicos y ciudadanos, especialmente en regiones con alta afluencia turística como San Andrés.
