La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en el caso por la muerte de Yulixa Toloza, ocurrida tras someterse a un procedimiento estético clandestino en el sur de Bogotá. Las autoridades han definido los delitos que enfrentarán las cinco personas señaladas de participar en los hechos, luego de ajustar el rumbo de la investigación con base en nuevas pruebas recopiladas durante las diligencias judiciales.
Cambios en la investigación inicial
De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, el proceso judicial arrancó inicialmente bajo la figura de desaparición forzada. Sin embargo, tras los hallazgos obtenidos, la Fiscalía modificó la imputación y añadió delitos como homicidio, ocultamiento de evidencia y omisión de socorro. Estos cambios responden a las evidencias que han ido surgiendo sobre lo ocurrido después de la intervención estética ilegal.
Mientras tanto, Medicina Legal continúa desarrollando los análisis forenses necesarios para establecer de manera oficial la causa exacta de la muerte de Yulixa Toloza. Las primeras hipótesis apuntan a una posible trombosis derivada de la lipólisis láser practicada en el centro clandestino, donde la mujer fue vista por última vez con vida.
¿Quiénes son los señalados y qué delitos enfrentan?
Entre los implicados se encuentran María Fernanda Delgado Hernández, señalada como propietaria del establecimiento; su pareja, Edinson Torres Sarmiento; y Eduardo David Ramos Ramos, quien presuntamente realizó la cirugía estética pese a que, según las investigaciones, sería barbero y no cirujano. Los tres fueron capturados en Venezuela y deberán responder por desaparición forzada, homicidio, ocultamiento de evidencia y omisión de socorro.
Por otro lado, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado fueron detenidos en Cúcuta y enfrentarán cargos relacionados con desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
Riesgo de que los delitos más graves queden impunes
Uno de los puntos que ahora complica el proceso judicial tiene relación con la situación de los capturados en territorio venezolano. De acuerdo con el citado medio, autoridades de ese país advirtieron que no procedería la extradición de sus ciudadanos hacia Colombia, situación que podría afectar el avance de algunos cargos.
Además, la legislación venezolana no contempla la desaparición forzada para civiles en los mismos términos que la justicia colombiana y tampoco incluye el delito de omisión de socorro bajo ese enfoque jurídico. Por esa razón, las autoridades colombianas evalúan qué herramientas legales podrían utilizar para continuar el proceso contra los implicados capturados en Venezuela.
