Durante el foro “Control fiscal, articulación e inversión frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados en Colombia”, la Contraloría General de la República alertó sobre una preocupante reducción presupuestal en la política pública destinada a prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados en el país.
Recortes y baja ejecución presupuestal
El contralor general, Carlos Rodríguez, señaló que de los $12.891 millones asignados al proyecto de inversión para el desarrollo de la política intersectorial de prevención del reclutamiento, solo se ejecutaron $9.216 millones, dejando sin utilizar $3.675 millones. A esto se suma una reducción presupuestal del 83,8 % para el periodo 2024-2026, con recursos que descendieron a $1.810 millones.
Rodríguez explicó que esta reducción, junto con la baja ejecución y “la ausencia de un sistema robusto de información”, está limitando la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a niños y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado.
Reclutamiento infantil: un problema estructural
El contralor insistió en que el reclutamiento infantil no puede seguir siendo entendido únicamente como un asunto de seguridad. “Es una expresión profunda de fallas históricas que siempre debemos reconocer como estado de carácter institucional, de que históricamente ha existido exclusión social y debilidades en la capacidad del estado para proteger la niñez”, sostuvo.
Asimismo, aseguró que los análisis adelantados por la Contraloría muestran un “crecimiento preocupante” del reclutamiento infantil en distintas regiones del país, en medio de un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.
Debilidades en el sistema de protección
El estudio presentado por la Contraloría también evaluó el funcionamiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y la atención a la primera infancia en la modalidad institucional del ICBF, encontrando múltiples debilidades operativas y riesgos crecientes de vulneración de derechos.
En el caso del PARD, las visitas técnicas realizadas por el organismo de control evidenciaron que más del 60 % de los equipos interdisciplinarios se encuentran incompletos. Además, cada defensor de familia atiende hasta 120 casos semanales, generando retrasos y decisiones tardías. “Cuando la protección depende más del heroísmo individual que de la capacidad institucional, el sistema se vuelve frágil”, afirmó Rodríguez.
Respecto a la modalidad institucional de primera infancia del ICBF, la Contraloría advirtió “fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos de vulneración de derechos”, asociadas a debilidades en información, articulación y supervisión. Según el informe, en 2022 se registraron 1.488 alertas y en 2024 otras 1.458, mientras que en 2023 solo se reportó un caso, lo que para la Contraloría podría evidenciar limitaciones en la capacidad operativa de la entidad.
Cifras alarmantes de violencia contra menores
Durante su intervención, Rodríguez también presentó cifras sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el país. Entre enero y diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 32.442 lesiones no fatales contra menores de edad asociadas a contextos de violencia. De esos casos, 16.923 correspondieron a exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 7.547 a violencia intrafamiliar, 7.296 a violencia interpersonal y 676 a violencia de pareja.
En educación, el Ministerio de Educación reportó una deserción intraanual del 3,63 % en el sector oficial durante 2024, equivalente a 256.733 posibles desertores.
Llamado a fortalecer la implementación
“El país ha construido un andamiaje jurídico robusto, pero desde luego tenemos que caminar fuerte hacia la implementación”, concluyó Rodríguez, al advertir que la fragilidad institucional termina permitiendo que la violencia llegue primero que el Estado a los territorios más afectados.
