La Agencia Nacional de Minería (ANM) aseguró que desde el 10 de octubre de 2025 había advertido formalmente sobre la presunta ocupación ilegal de la mina La Mandinga, ubicada en Cáceres, Antioquia, y sostuvo que solicitó acciones inmediatas a las autoridades locales para intervenir la situación.
La entidad emitió un comunicado este 29 de abril luego de recientes señalamientos que buscaban responsabilizar al Gobierno Nacional y a la ANM por hechos relacionados con actividades ilegales dentro del área minera. Según explicó la Agencia, desde octubre del año pasado pidió a la Alcaldía de Cáceres activar “de manera inmediata las acciones de amparo administrativo” ante denuncias sobre ocupación irregular del título minero por parte de terceros.
La ANM recordó además que el Código de Minas establece que las autoridades locales y policivas son las encargadas de verificar los hechos denunciados y ordenar la suspensión inmediata de actividades no autorizadas dentro de áreas tituladas. La entidad enfatizó que actuó “dentro de sus competencias” y aseguró que alertó oportunamente sobre la situación registrada en el territorio antioqueño.
La respuesta institucional se conoce en medio de una creciente preocupación por la expansión de estructuras ilegales asociadas con explotación minera no autorizada en distintas regiones del país. Uno de los puntos destacados por la Agencia fue la ubicación estratégica del título minero relacionado con el caso. La entidad señaló que la mina La Mandinga se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros por carretera del Batallón Rifles, en una zona donde medios de comunicación han reportado posibles actividades de extracción ilícita de minerales.
Para la ANM, este contexto evidencia la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones del Estado para enfrentar economías ilegales relacionadas con explotación minera clandestina. La Agencia sostuvo que las estructuras criminales asociadas con minería ilícita requieren una respuesta coordinada entre autoridades territoriales, organismos de seguridad y entidades encargadas de regulación minera.
El comunicado también insistió en que el título de formalización minera continúa vigente y avanza actualmente en los trámites técnicos y ambientales exigidos por la legislación colombiana. Según la entidad, las figuras de formalización permiten ejercer control institucional sobre la explotación minera, exigir obligaciones ambientales y mantener trazabilidad sobre la producción de minerales.
La ANM defendió además la política de formalización minera impulsada por el Gobierno Nacional y aseguró que esta estrategia busca fortalecer la presencia institucional en regiones históricamente afectadas por economías ilegales. “La lucha contra la extracción ilícita no se combate abandonando los territorios ni persiguiendo a los pequeños mineros que buscan entrar a la legalidad”, señaló la Agencia dentro del documento divulgado desde Bogotá. La entidad agregó que el combate contra estas actividades debe centrarse en “fortalecer la formalización, la presencia institucional y la articulación entre autoridades para cerrarles el paso a las economías criminales”.
La ANM informó además que decidió trasladar el expediente relacionado con La Mandinga desde el Punto de Atención Regional hacia la sede central de la entidad en Bogotá. El objetivo, según explicó la ANM, es evaluar nuevas medidas dentro del marco de sus competencias y fortalecer el seguimiento institucional sobre el caso minero en Antioquia. La decisión refleja la relevancia que tomó el expediente dentro de las discusiones nacionales sobre minería ilegal, seguridad territorial y control estatal sobre recursos del subsuelo.
La problemática asociada con extracción ilícita de minerales se convirtió en uno de los principales desafíos para las autoridades en varias regiones del país debido al impacto económico, ambiental y de seguridad que generan estas estructuras criminales. En el caso de Antioquia, las actividades ilegales relacionadas con minería han sido señaladas en repetidas ocasiones por afectar ecosistemas, incentivar economías clandestinas y generar disputas territoriales.
La ANM reiteró en su comunicado que el Gobierno Nacional mantiene su compromiso con una minería “legal, transparente y responsable”, orientada a proteger el medio ambiente y ordenar el territorio. La entidad aseguró además que la política minera busca garantizar que la riqueza mineral del país se traduzca en bienestar para las comunidades y no en el fortalecimiento de organizaciones ilegales.
El pronunciamiento ocurre en un momento en que el debate sobre control territorial y explotación ilícita volvió a tomar fuerza en diferentes regiones del país, especialmente en zonas donde confluyen minería informal, economías criminales y debilidad institucional. Con el traslado del expediente a Bogotá y el llamado a fortalecer la coordinación entre autoridades, la Agencia Nacional de Minería busca ahora reforzar el seguimiento sobre el caso de La Mandinga mientras continúan las investigaciones y verificaciones relacionadas con la ocupación ilegal denunciada desde octubre de 2025.
