El caso que conmocionó a Bucaramanga por su extrema crueldad llegó a su etapa decisiva. Durante la audiencia de imputación, el responsable de la muerte de Kira, una perrita criolla de cuatro años, aceptó los cargos por maltrato animal agravado. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad, donde el acusado fungía como cuidador de la canina antes de atacarla salvajemente hasta causarle la muerte.
Audiencia y declaración de culpabilidad
Tras diez horas de audiencia ante el Juzgado 12 Municipal de Penas y Castigos de la capital santandereana, el acusado se declaró culpable. La Fiscalía imputó cargos conforme a los artículos 339A y 339B del Código Penal, en modalidad agravada por actuar con sevicia y en presencia de un menor de edad. Como consecuencia, podría enfrentar una condena de entre 36 y 72 meses de prisión.
Detalles del ataque
De acuerdo con el informe forense presentado durante la audiencia, la perrita recibió al menos 12 golpes que generaron un politraumatismo severo. Esto provocó un trauma craneoencefálico cerrado que causó su muerte inmediata. El acusado, visiblemente afectado, declaró: “Sí acepto los cargos, me declaro culpable. Igualmente me gustaría acá públicamente pedirle disculpas a toda la gente que ha visto el video, pedir públicamente perdón, que fue algo muy feo lo que yo hice”.
Antecedentes y hallazgos perturbadores
Durante el proceso judicial se reveló que el acusado alegó haber recibido amenazas contra sus familiares, especialmente hacia su hijo y su esposa. Sin embargo, ambientalistas de Bucaramanga y el área metropolitana señalaron que esta persona ya tenía antecedentes por maltrato animal agravado. Un hallazgo particularmente perturbador fue que en la fosa donde se encontró el cuerpo de Kira también se descubrieron restos de otras mascotas, lo que sugiere un patrón de conducta abusiva hacia los animales.
Reacciones y posible condena
El fiscal encargado del caso informó que el mismo día del homicidio de la perrita y su posterior entierro, el acusado junto con su familia acudió a un cine como si nada hubiera ocurrido. Según la ley vigente, el condenado podría enfrentar una pena de entre 3 y 8 años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre los 30 y 60 millones de pesos. Los ambientalistas de la región califican esta posible condena como ejemplar y un precedente importante para la protección animal en el departamento de Santander.
