Brutal ataque a niña de 11 años en Suba revela fallas en sistema de seguridad
Cinco días después del violento incidente que conmocionó a la localidad de Suba en Bogotá, el caso de la niña de 11 años que fue apuñalada y mordida repetidamente por un desconocido continúa generando graves cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de seguridad en la capital colombiana.
Agresor con historial delictivo activo
La Fiscalía General de la Nación confirmó que el hombre de 26 años señalado como autor material del ataque contaba con dos órdenes de captura vigentes al momento de los hechos. Los requerimientos judiciales correspondían a los delitos de hurto y fuga de presos, lo que ha generado profundas interrogantes sobre cómo una persona con antecedentes activos podía circular libremente por las calles de Bogotá.
El especialista en seguridad y defensa Guillermo Rivera analizó la situación señalando: "Existe una falla de operatividad en la captura. Tener la orden en el sistema no sirve de nada si no existe un patrullaje inteligente o cámaras de reconocimiento facial que permitan identificarlo inmediatamente".
Rivera agregó que el delito de fuga de presos indicaba que el individuo ya había burlado anteriormente a la justicia, evidenciando deficiencias tanto en el control de vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) como en la falta de cupos carcelarios que mantienen a delincuentes peligrosos con medidas ineficientes.
Familia exige reclasificación del delito
Mientras el agresor permanece privado de la libertad, la familia de la menor, originaria de Funza pero que se encontraba en Bogotá realizando trámites al momento del ataque, ha insistido persistentemente en que el caso no sea tratado como lesiones personales sino como intento de homicidio.
La madre de la niña manifestó con firmeza: "Hago el llamado a la Fiscalía, que por favor, esto no fueron lesiones, no fueron lesiones personales, esto fue un ataque de homicidio".
El impacto emocional en la familia continúa siendo devastador. La mujer describió la situación actual: "Todos en la familia muy asustados, muy consternados, mi esposo se encuentra muy nervioso, nosotros tenemos mucho miedo de salir a la calle, no podemos salir a la calle tranquilos, no sabemos si el tipo pertenece a una banda".
Solicitud de evidencias clave
Además de exigir la reclasificación del delito, la familia ha solicitado formalmente a la estación de gasolina ubicada en la calle 170 con avenida Suba, escenario del ataque, que entregue todos los videos de seguridad correspondientes al momento de la agresión.
Consideran que estas grabaciones constituyen piezas fundamentales dentro de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía, ya que podrían proporcionar detalles cruciales sobre la dinámica del ataque y las acciones específicas del agresor.
Cuestionamientos sobre seguridad ciudadana
El caso ha puesto en evidencia serias preocupaciones sobre la seguridad en Bogotá, particularmente en lo que respecta a la capacidad del sistema judicial para mantener bajo control a individuos con antecedentes delictivos activos.
Rivera concluyó su análisis señalando: "La conclusión es sencilla, si no hay trazabilidad entre la orden del juez, el patrullaje en la calle y los retenes frecuentes, el ciudadano queda a merced de la reincidencia de los delincuentes".
Actualmente, el proceso penal continúa su curso bajo la responsabilidad de la Fiscalía General, mientras el señalado agresor permanece detenido y la familia afectada espera que las autoridades avancen significativamente en la investigación y en la aplicación de justicia correspondiente.
