Una mujer murió y cuatro personas resultaron heridas tras un ataque con un artefacto explosivo transportado por un dron en zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, durante el pasado fin de semana. El hecho, confirmado por la Policía del Magdalena Medio, tiene consternadas a las comunidades aledañas, que temen nuevos incidentes similares.
Detalles del ataque
Según el reporte preliminar de la Policía, el ataque ocurrió en la tarde del 2 de mayo en la vereda Las Calungas, del corregimiento El Jardín, en el sector conocido como Mina Quemada. Las víctimas se encontraban en el lugar cuando se produjo la detonación del dron explosivo.
La víctima fatal fue identificada como Elizabeth Velásquez Cartagena, quien se desempeñaba como cocinera. De acuerdo con familiares, las personas afectadas realizaban labores de minería ilegal en el momento del ataque.
Heridos y traslados
Dos de los heridos fueron trasladados al hospital de San Pablo, donde recibieron atención inicial. Presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo, incluyendo extremidades y zona torácica. Los otros dos lesionados, de mayor gravedad, fueron remitidos a centros asistenciales en Simití (Bolívar) y Bucaramanga (Santander). Uno de ellos sufrió una herida toracoabdominal por esquirla penetrante, mientras que otro presentó fractura en el antebrazo izquierdo.
Investigación en curso
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar los responsables. La información sobre la minería ilegal está siendo verificada por la Policía.
Escalada del conflicto en el sur de Bolívar
El uso de drones con explosivos se ha vuelto una práctica recurrente en el sur de Bolívar, donde confluyen grupos armados ilegales y economías ilícitas. Esta modalidad representa un desafío para las autoridades debido a la dificultad de detección y neutralización, aumentando el riesgo para las comunidades rurales.
La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) advierte que la intensificación de la disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) ha degradado el conflicto armado interno. Esto incluye el uso de bienes civiles como trincheras, retenes ilegales, artefactos explosivos lanzados desde drones, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad, afectando sistemáticamente a la población civil.
Credhos señala que la limitada presencia institucional en zonas apartadas deja a la población civil como la principal víctima de estas dinámicas violentas.
