Radiografía criminal del Atlántico: tres niveles de bandas y 94% de impunidad en extorsión
El panorama de seguridad en Barranquilla y el departamento del Atlántico ha evolucionado de hechos aislados a un sistema engranado de criminalidad organizada, donde la extorsión se ha consolidado como la principal renta ilegal que sostiene estructuras que desafían al Estado. A pesar de los esfuerzos operativos de las autoridades locales y el fortalecimiento del Gaula, existe una desconexión crítica entre las capturas y la condena efectiva de los delincuentes.
Los tres niveles del orden criminal
Una investigación liderada por Luis Trejos, experto en criminalidad de la Universidad del Norte, revela un complejo engranaje donde la extorsión funciona como motor económico de estructuras criminales organizadas en tres niveles diferenciados por alcance y relación con el territorio.
Nivel 1: El Clan del Golfo (AGC) se ubica en la cúspide con un rol predominantemente logístico vinculado al narcotráfico transnacional. Su estrategia para evitar el desgaste institucional ha sido la subcontratación, cooptando bandas locales a las que proveen armas y recursos a cambio de control territorial en zonas estratégicas como la Vía 40 y Puerto Colombia.
Nivel 2: Bandas como Los Pepes, Los Costeños y Los Rastrojos Costeños son los principales dinamizadores de la extorsión y el sicariato en el área metropolitana. Operan con una lógica empresarial, utilizando el terror como herramienta de marketing criminal -incluyendo grabaciones de desmembramientos- para intimidar a comerciantes mientras "venden" servicios de custodia o cobro de deudas a organizaciones mayores.
Nivel 3: Aproximadamente 63 pandillas o "combos" como Los Teletubis o Los Carambolas conforman el último eslabón. Se dedican al hurto y microtráfico, pero lo más revelador es que ellos mismos son sujetos de extorsión por parte de los grupos de Nivel 2, debiendo pagar una "cuota de funcionamiento" para delinquir en ciertos barrios.
El colapso del sistema judicial
El mayor obstáculo para frenar este sistema no es la falta de capturas, sino la incapacidad de mantener a los responsables tras las rejas. Según cifras del Ministerio de Justicia, de cada 10 capturados, 9 quedan en libertad -una cifra respaldada por el gobernador Eduardo Verano, quien alerta sobre un nivel de impunidad que bordea el 94%.
Luis Trejos señala que la situación es crítica porque "de nada sirve que se fortalezca la policía y a sus equipos especializados, porque ellos capturan, pero no hay judicialización". Incluso cuando se logra judicializar al delincuente, "las cárceles se han convertido en centros dinamizadores de la extorsión", transformándose en oficinas de despacho desde donde se ordenan los cobros que mantienen en vilo al Atlántico.
El impacto económico es tangible: aproximadamente 400 tiendas han cerrado en el departamento por temor a la extorsión, evidenciando cómo esta cadena criminal asfixia desde el gran comerciante hasta el pequeño pandillero.
Respuesta gubernamental y desafíos
Ante esta radiografía, el Ministro de Defensa Pedro Sánchez lideró un Consejo de Seguridad de alto nivel en Baranoa, reconociendo que las principales amenazas corresponden al Clan del Golfo, los grupos Los Costeños y 'Los Pepes', así como 11 estructuras delincuenciales con presencia en 6 municipios.
El plan de respuesta incluye una inversión de 45.700 millones de pesos en tecnología de vigilancia y fortalecimiento de la inteligencia militar, con enfoque en municipios como Sabanalarga y Sabanagrande. Sánchez destacó un fenómeno creciente: "Enfrentamos escenarios complejos en los que, en algunos casos, jóvenes entre 15 y 16 años están siendo instrumentalizados para cometer estos hechos".
El desafío para 2026 es romper el vínculo entre la calle y la cárcel, asegurando que la tecnología de bloqueo de comunicaciones funcione y que el sistema judicial nacional respalde las capturas que realiza la Policía en los barrios más golpeados por la violencia de los tres niveles criminales identificados.
Mientras las autoridades intentan articular respuestas operativas, los datos de judicialización muestran una realidad alarmante que requiere no solo acción contundente de la Fuerza Pública, sino también avances en prevención y construcción de una cultura de legalidad para enfrentar este sistema criminal que ha encontrado en la impunidad su principal aliado.
