Bandas criminales de Medellín ofrecen disculpas públicas por fiesta en cárcel y piden retomar diálogo de paz
A través de un comunicado oficial, los voceros de las bandas criminales de Medellín que participan en el proceso de paz urbana con el Gobierno del presidente Gustavo Petro se pronunciaron sobre el escándalo generado por una fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí. En el documento, dirigido a la comunidad de Medellín y el Valle de Aburrá, al Comisionado de Paz, al Ministro de Justicia y al mandatario nacional, las estructuras solicitaron disculpas públicas por el evento y pidieron retomar el diálogo suspendido desde el pasado 9 de abril.
Solicitud formal para reactivar los diálogos de paz urbana
En el comunicado, los jefes criminales afirmaron: "Solicitamos al presidente de la República levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana. Reiteramos nuestra disposición al diálogo y al respeto institucional. La paz urbana no puede convertirse en un escenario de confrontación política, sino en un espacio de construcción colectiva que requiere corresponsabilidad de todas las partes". Además, reconocieron el daño causado a la confianza pública: "Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado".
Operativo sorpresa del Inpec revela incautaciones masivas
Paralelamente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó un operativo sorpresa en el penal La Paz, donde se incautaron numerosos artículos prohibidos:
- Equipos tecnológicos: tres teléfonos celulares con accesorios, un módem de internet, manos libres, un computador portátil, una tablet y una consola de videojuegos PlayStation con controles para seis personas.
- Sustancias ilícitas: 1.323 gramos de sustancia vegetal y 271 gramos de sustancia pulverulenta identificadas como drogas.
- Bebidas alcohólicas: 375 mililitros de aguardiente, 2.250 mililitros de champaña y 750 mililitros de licor tipo Smirnoff.
Como consecuencia del operativo, al menos 11 funcionarios del Inpec fueron apartados de sus cargos por estar de servicio durante la fiesta, mientras la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria.
Detalles reveladores del evento en la cárcel
Videos de las cámaras de seguridad mostraron el ingreso del cantante Nelson Velásquez, contratado específicamente para el evento, así como la presencia de vehículos de alta gama y mujeres. Las imágenes también evidenciaron que civiles controlaban el acceso al recinto penitenciario, lo que generó mayor controversia sobre las condiciones de seguridad.
Acusaciones de estrategia electoral y tensión con la Fiscalía
Los jefes criminales rechazaron enérgicamente las acusaciones de actores políticos locales, calificándolas como "afirmaciones calumniosas" y parte de una "estrategia electoral". En el comunicado señalaron: "Estas manifestaciones lejanas de ser fruto de una valoración objetiva corresponden más al morbo político y estrategia electoral".
El escándalo ocurre en medio de otra tensión: la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, reactivó 16 de las 23 órdenes de captura contra jefes de estas bandas urbanas. La fiscal general explicó que la mayoría de estas personas ya están privadas de la libertad y cumpliendo condenas.
Posición del Gobierno sobre las garantías jurídicas
La senadora Isabel Zuleta, jefe de la delegación de Gobierno en los diálogos, defendió la solicitud de garantías jurídicas para los participantes, argumentando que no se trata de beneficios indebidos sino de proteger el proceso de diálogo. "La petición de garantías surge por la persecución judicial y mediática contra el proceso", afirmó Zuleta, explicando el contexto de las solicitudes presentadas ante las autoridades.
Este episodio marca un punto crítico en los esfuerzos de paz urbana en Medellín, donde la confianza entre las partes se ha visto severamente afectada por los eventos en la cárcel La Paz, mientras las autoridades mantienen la presión sobre las estructuras criminales y sus actividades dentro del sistema penitenciario.
