Canacol Energy, la compañía canadiense de gas natural, ha solicitado ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en Canadá, la autorización para rescindir 19 contratos de suministro de gas en Colombia. La medida, que entraría en vigor el 28 de mayo de 2026, busca dejar sin efecto acuerdos que involucran a 12 empresas y que, de aplicarse penalizaciones, podrían ascender a 380,4 millones de dólares.
Una decisión de supervivencia
Según los documentos a los que tuvo acceso EL TIEMPO, la empresa argumenta que su producción de gas se ha desplomado debido al agotamiento natural de sus yacimientos. Además, las actividades de exploración y desarrollo no lograron compensar la disminución. El pozo Monstera, por ejemplo, no alcanzó los niveles de producción esperados, y se sumaron retrasos en la contratación de equipos de perforación. Todo esto ha afectado el flujo de caja de la compañía, que ya no cuenta con los recursos para continuar con las inversiones necesarias.
Las empresas afectadas
Los contratos que Canacol pretende cancelar incluyen a distribuidores regionales y grandes consumidores industriales. Entre las empresas se encuentran Gases de La Guajira, Gases del Oriente, Cerro Matoso, Surtigas, Enel Colombia, Gases del Caribe, Petromil Gas, Atinkana, Grupo Energético de las Américas, Gas Hub, Canaven y Promigás. Los acuerdos tenían vigencia hasta 2028, 2029 e incluso 2030.
Penalizaciones millonarias
El incumplimiento de los volúmenes de entrega activaría cláusulas de penalización. La exposición potencial asciende a 380,4 millones de dólares, de los cuales 214,3 millones corresponden al mercado no esencial y 166,1 millones al mercado esencial (residencial y pequeñas empresas). A esto se suman 33,7 millones en penalizaciones mensuales acumuladas al 31 de marzo de 2026, 59,4 millones adicionales entre abril y junio, y 287,3 millones por rescisión anticipada. Canacol insiste en que la cancelación es necesaria para el éxito de su reestructuración y para mantener el acceso a financiamiento.
