Primer capturado por crimen de hermanas en Malambo enfrenta cargos de secuestro extorsivo
La investigación por la desaparición y homicidio de dos adolescentes barranquilleras dio un giro decisivo este miércoles con la captura de Juan David Taboada Olivera, un joven de 19 años quien enfrenta cargos por secuestro extorsivo. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, confirmó la detención mediante orden judicial en medio de un proceso que ha conmocionado a la comunidad del Atlántico.
Detalles de la captura y vínculos criminales
Taboada Olivera registra una anotación judicial previa por porte ilegal de armas de fuego y, según líneas de investigación preliminares, habría tenido relación con integrantes de la estructura criminal conocida como Los Costeños. Este contexto ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que las adolescentes quedaran atrapadas en medio de una confrontación o retaliación entre bandas delincuenciales la noche de su desaparición.
Las autoridades sostienen que, mediante análisis técnicos de comunicaciones, los investigadores siguieron el rastro de una línea telefónica intervenida que se activó en un centro hospitalario. Allí se encontraba internado Taboada tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido el 26 de febrero, lo que permitió su localización y posterior captura.
Vinculación de menor y hallazgo de los cuerpos
Paralelamente a la captura de Taboada, las autoridades vincularon a un adolescente de 17 años quien avanza por la ruta del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Durante las verificaciones de Policía Judicial, una persona entrevistada entregó información crucial sobre la ubicación de una de las víctimas, lo que condujo a las autoridades hasta Malambo.
En coordinación con el CTI de la Fiscalía, se realizó una exhumación en una zona enmontada donde se hallaron dos cuerpos que posteriormente fueron identificados como los de las hermanas Sherida y Keyla Hernández. La recuperación de los cuerpos se produjo el 28 de febrero, mientras que la plena identificación familiar y técnico-científica se consolidó el 2 de marzo.
Cronología del crimen y exigencias económicas
El expediente oficial reconstruye que las jóvenes salieron de su vivienda en La Sierrita hacia las 12:30 a.m. del 18 de febrero, tras acordar un encuentro con dos conocidos. La denuncia formal por desaparición se presentó el 19 de febrero, momento en que el GAULA activó órdenes de interceptación y seguimientos técnicos.
En los días posteriores a la desaparición, hubo comunicaciones con exigencias económicas que oscilaron entre 50 millones y 5 millones de pesos, elemento clave que explica por qué el caso se procesa como secuestro extorsivo en su fase inicial. La familia había reportado estas extorsiones previamente, aunque según su testimonio no recibió una respuesta oportuna de las autoridades.
Posible participación de más personas
Aunque actualmente solo hay una captura formalizada y un menor vinculado, el general Camelo expuso que la hipótesis de una reunión social la noche de la desaparición ha arrojado indicios de presencia de hasta cuatro personas más en el entorno inmediato de los hechos. Este extremo permanece en verificación por parte de las autoridades investigadoras.
El comandante señaló que una confrontación entre estructuras delincuenciales es una posible explicación bajo estudio, sin que se haya definido con certeza la participación o el rol de cada asistente. Versiones extraoficiales mencionan una fiesta y afinidades con bandas locales, pero la Fiscalía continúa contrastando testimonios, ubicaciones y cámaras de seguridad antes de elevar esta teoría a tesis oficial.
Recompensa por información y colaboración ciudadana
La Alcaldía Distrital anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar y ubicar a las demás personas que habrían participado en los hechos. Esta medida busca fortalecer las líneas de investigación aún abiertas y completar el rompecabezas de lo ocurrido la noche en que las adolescentes desaparecieron.
La Policía Metropolitana reiteró que cualquier dato suministrado será manejado con absoluta reserva y canalizado a través de los números de contacto dispuestos por la institución. Según el comando operativo, este tipo de colaboración ciudadana ha sido determinante en investigaciones anteriores y podría acelerar las nuevas decisiones judiciales que evalúa la Fiscalía.
Tensión entre tiempos de investigación y expectativas familiares
El caso ha expuesto tensiones entre la expectativa de respuesta de la familia y los tiempos de la investigación oficial. Voceros policiales insisten en que los análisis de señal dependen de que los equipos estén activos y de quién los manipule, mientras que reportes periodísticos previos recogieron las alertas tempranas de extorsión que la familia denunció sin obtener, a su juicio, una reacción oportuna.
La familia acudió al GAULA en medio del pánico inicial, pero según su testimonio recibió una respuesta que hoy resulta difícil de sostener: la hipótesis de un "autosecuestro". Los días siguientes y la declaración oficial confirman que aquellas comunicaciones no eran parte de un engaño, sino del engranaje criminal que culminaría con la muerte de las adolescentes.
Este contraste entre el itinerario técnico de la Policía y la cronología subjetiva del entorno familiar ha sido parte de la discusión pública a medida que avanzan las audiencias de legalización, imputación y solicitud de medida. En una ciudad conmocionada por el hallazgo y por la violencia que sigue afectando a mujeres y niñas, las instituciones insisten en que cada aporte ciudadano puede ser decisivo para avanzar hacia la verdad completa.
