La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata del exgobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán Mendoza, tras condenarlo a más de nueve años de prisión por irregularidades en la celebración de convenios destinados a fabricar juguetes para niños de escasos recursos. El alto tribunal determinó que las fundaciones contratadas carecían de experiencia y capacidad para ejecutar los proyectos, y fueron utilizadas como una fachada para legitimar la contratación.
La decisión también absolvió al exgobernador encargado, Camilo Augusto Otaya Díaz, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar una actuación dolosa de su parte.
Condena y medidas adicionales
La Sala Especial de Primera Instancia condenó a Guzmán Mendoza a 110 meses y 22 días de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción. Además de la pena privativa de la libertad, la Corte le impuso inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 124 meses y 16 días, así como una multa equivalente a 375 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
El alto tribunal negó cualquier beneficio judicial, incluida la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Por esa razón, ordenó su captura inmediata, la cual —según informó la corporación— ya se hizo efectiva.
Los convenios cuestionados por la fabricación de juguetes
El proceso judicial se originó por la celebración de dos convenios de cooperación suscritos en 2008 con la Fundación Cultural del Putumayo y la Fundación Futuro Ambiental del Putumayo. Los contratos, identificados como los convenios 150 y 151 de 2008, tenían como finalidad fabricar artículos lúdico-didácticos para niños y niñas de escasos recursos del departamento y sumaban cerca de 470 millones de pesos.
De acuerdo con la Corte, las fundaciones recibieron contratos por 253.802.700 y 216.207.300 pesos, respectivamente, pese a que ninguna tenía dentro de su objeto social la fabricación de juguetes. La Sala concluyó que ambas organizaciones fueron utilizadas como fachada, en clara vulneración de los principios que rigen la contratación administrativa. También determinó que el objeto contractual fue fraccionado entre los dos convenios.
Modificación irregular del presupuesto del Putumayo
Para ejecutar las contrataciones, Guzmán Mendoza expidió el Decreto 0323 del 15 de diciembre de 2008, con el que modificó el presupuesto departamental. Según la sentencia, el entonces gobernador destinó recursos provenientes de intereses de recuperación de cuotas partes pensionales —que tenían destinación específica— para financiar actividades culturales decembrinas y la adquisición de juguetes, decisión que la Corte consideró contraria a la Constitución y a la ley.
Durante el juicio oral, la Sala concluyó que la Fiscalía logró demostrar tanto la ocurrencia de los delitos como la responsabilidad penal del exmandatario.
La dura crítica de la Corte al exgobernador
En el fallo, la Corte Suprema cuestionó con dureza el comportamiento de Guzmán Mendoza y aseguró que su actuación evidenció un uso indebido de las instituciones públicas. La Sala señaló que su proceder no solo denota desprecio por la función pública y por los principios que la rigen, sino que revela una actitud de abierta instrumentalización del derecho. Asimismo, advirtió que el exgobernador utilizó el andamiaje institucional para legitimar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
