En un operativo realizado en una discoteca de Itagüí, Antioquia, fue detenida la mujer conocida como ‘La Reina de la Escopolamina’, señalada de utilizar esta sustancia para cometer hurtos en bares y establecimientos nocturnos del Valle de Aburrá. La captura se efectuó después de que la Policía Metropolitana atendiera denuncias por el robo de varios teléfonos celulares durante una fiesta, en la que estarían involucradas dos mujeres.
Procedimiento policial
Ante las denuncias, los uniformados trasladaron a ambas mujeres a un Centro de Traslado por Protección para verificar su identidad. Durante el proceso, las autoridades encontraron inconsistencias en los documentos presentados por una de las implicadas, lo que motivó una revisión más detallada en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Itagüí y la Policía Judicial. Se descubrió que la mujer se había identificado con la cédula de su hermana para evadir a las autoridades. Su verdadera identidad correspondía a Indira Surgey Orrego, quien tenía una orden de captura vigente.
Condena y antecedentes
Según información oficial, Orrego registra una condena de 90 meses de prisión por delitos como hurto calificado y agravado, así como por el uso de menores de edad para cometer actividades delictivas. Las investigaciones la vinculan a múltiples casos de hurto en establecimientos públicos del Área Metropolitana, donde presuntamente utilizaba escopolamina para facilitar los robos. Además, habría adoptado diversas estrategias para ganarse la confianza de las víctimas, como hacerse pasar por profesional de la salud antes de suministrar la sustancia.
Llamado a la comunidad
El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, invitó a la comunidad a denunciar si reconocen a la detenida o han sido víctimas de estos hechos. “Hacemos una invitación a toda la comunidad, como lo han hecho hasta el momento, a denunciar cualquier conducta delictiva de la cual haya sido víctima por estas delincuentes. Una de ellas, hoy condenada y tras las rejas para pagar 90 meses de prisión”, señaló. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, donde varias víctimas han comenzado a presentar denuncias formales para fortalecer el proceso judicial.
