Una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos provenientes de La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, fueron capturados en flagrancia en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en Cartagena, cuando intentaban sacar del país tres primates ocultos entre sus partes íntimas: dos monos cariblancos y un mono aullador.
Detalles del hallazgo
Durante las labores de control y prevención orientadas a la protección de los recursos naturales, las autoridades detectaron irregularidades en la pareja. Tras la inspección, los funcionarios procedieron a la captura en flagrancia de los dos ciudadanos, quienes inicialmente se dirigían a República Dominicana.
En el mercado ilegal internacional, estas especies de cariblanco (Cebus albifrons) y aullador (Alouatta seniculus) están evaluadas en, al menos, 26 millones de pesos colombianos. Con el fin de evadir los controles migratorios, la pareja adhirió a los animales a sus zonas íntimas, un mecanismo de maltrato que provocó condiciones de asfixia y estrés y cobró la vida del mono aullador. Los otros dos monos fueron puestos bajo custodia de la autoridad ambiental EPA Cartagena para activar la ruta que permitiera su valoración, protección y recuperación.
Declaraciones de las autoridades
El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, afirmó que “los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de especies silvestres castigan con prisión y multas a quien explote, trafique o aproveche especies fáunicas, forestales o biológicas sin autorización, con penas que van de 60 a 135 meses”.
Proceso legal
Ahora, los capturados se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 328 y 328A del Código Penal, que corresponden a delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y tráfico de fauna silvestre.
Estas especies de primates son protegidas por la legislación ambiental colombiana. Las penas contempladas para este tipo de delitos oscilan entre los 60 y 135 meses de prisión, que equivalen a un máximo de 11 años, además de sanciones económicas que se calculan según la magnitud del daño ambiental ocasionado. Se espera el avance del proceso para determinar la situación jurídica de la pareja.
