Caso Miguel Uribe: Interceptan más de 700 llamadas que vincularían a Segunda Marquetalia con magnicidio
La investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe avanza con hallazgos contundentes que refuerzan la hipótesis sobre la participación de la Segunda Marquetalia en el atentado. Según información exclusiva del Grupo Especial de Tareas de la Fiscalía General de la Nación, se han interceptado más de 700 llamadas telefónicas entre alias El Viejo y miembros de esta estructura armada, las cuales evidenciarían la minuciosa planificación del crimen.
Interceptaciones y reuniones: la ruta de la conspiración
De acuerdo con el expediente judicial, El Viejo sostuvo múltiples contactos con alias Yako, quien presuntamente actuaba bajo órdenes directas de Zarco Aldinever, un integrante de alto rango de la Segunda Marquetalia. Las reuniones para coordinar los detalles del ataque se habrían realizado durante febrero de 2025 en diversas localidades de Bogotá, incluyendo Bosa, Ciudad Bolívar y Suba, zonas que han sido focos de operaciones criminales.
Los testimonios recopilados por los fiscales especializados contienen fragmentos de conversaciones que revelan la urgencia y la relevancia estratégica del plan. En uno de los relatos más impactantes, alias El Viejo señaló que fue citado con carácter de extrema urgencia para ejecutar "cosas demasiado importantes", declaración que coincide plenamente con la línea investigativa sobre la premeditación y organización del atentado.
Además, durante su interrogatorio, el implicado manifestó una preocupación palpable tras conocer que Miguel Uribe había sobrevivido inicialmente al ataque. En sus propias palabras, expresó: "Esperemos a que se muera el senador porque plata no dan hasta que el man no se muera", frase que los investigadores interpretan como una clara referencia a los pagos por el crimen.
Amenazas graves contra el equipo investigador de la Fiscalía
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha alertado públicamente sobre graves amenazas dirigidas específicamente al equipo encargado de esta investigación. Según el ente acusador, se han identificado intentos sistemáticos de intimidación que incluirían ofrecimientos económicos sustanciales para atentar contra la integridad de los fiscales que han logrado avances cruciales en el caso.
Las autoridades judiciales han calificado estas amenazas como "muy delicadas" y han revelado que estarían relacionadas con sumas que superarían los 600 millones de pesos, presuntamente destinadas a frenar o desvirtuar el proceso judicial. Este contexto de presión criminal añade una capa adicional de complejidad y riesgo a una investigación ya de por sí sensible.
En paralelo, la familia del senador Miguel Uribe ha insistido en que la investigación debe profundizar aún más para determinar si existen responsables intelectuales por encima de la Segunda Marquetalia. Esta solicitud apunta directamente a esclarecer si hubo otros actores políticos, económicos o criminales involucrados en la autoría intelectual del magnicidio, más allá de los ejecutores materiales.
El caso continúa su curso con la expectativa de que estas interceptaciones y testimonios permitan no solo judicializar a los directos responsables, sino también desentrañar las redes de financiación y apoyo que hicieron posible este atentado contra la democracia colombiana.
