El primer informe del Mecanismo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación de las negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo, el grupo armado de mayor expansión criminal, generó polémica al señalar que no se reportó la inclusión forzada de niños y niñas en sus filas. Sin embargo, las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) contradicen esta afirmación.
Informe de la Mesa de Paz
El informe indica que, según un censo interno, no se identificó la presencia de menores de edad como combatientes en el Clan del Golfo. No obstante, advierte sobre factores de riesgo que persisten en los territorios, como la desescolarización, la pobreza y el consumo de sustancias, que agravan la vulnerabilidad de los niños. El documento, conocido por EL TIEMPO, forma parte del mecanismo de monitoreo instalado en Doha, Catar.
Cifras del ICBF
EL TIEMPO consultó al ICBF, que lleva el registro de menores desvinculados de grupos armados, y allí sí aparecen casos asociados al Clan del Golfo. Según ese reporte, 32 menores se desvincularon en 2025 y 7 en lo corrido de 2026. Estas cifras representan apenas una fracción de quienes, en realidad, seguirían en los campamentos de esta estructura criminal, que —según el último conteo del enemigo de la fuerza pública— supera los 9.000 integrantes.
Reclutamiento en aumento
Entidades como la Defensoría del Pueblo registraron 257 casos de reclutamiento forzado de menores de edad en 2025, una cifra con subregistro debido a las dinámicas de terror que perpetúan el silencio de padres y familiares, que temen represalias por denunciar. La estructura que más reclutó el año pasado, según la entidad, fueron las disidencias de Mordisco, con el 47,1 %; otras disidencias, con el 15,6 %; el ELN, con el 11,7 %; y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista, con el 8,2 %.
Avances parciales en compromisos
El documento del mecanismo de monitoreo también arrojó que todos los compromisos presentan avances, pero fueron calificados como parcialmente cumplidos. Actualmente, el Gobierno adelanta acercamientos y la puesta en marcha de un plan piloto con compromisos como el no reclutamiento de niños y niñas, la no interferencia en labores de desminado humanitario y avances en la sustitución de cultivos en municipios como Riosucio, Unguía, Acandí, Nuevo Belén de Bajirá y Mutatá.
El monitoreo evidenció avances diferenciados en el programa piloto de pedagogía para la sustitución de cultivos de uso ilícito, siendo Nuevo Belén de Bajirá el municipio con mayor avance. No obstante, en los cinco municipios se identificaron necesidades asociadas a fortalecer los niveles de confianza comunitaria, la coordinación interinstitucional, brindar garantías de seguridad, la incorporación efectiva del enfoque étnico, así como la mejora de la infraestructura para la movilidad y el comercio, según el documento.
