Colombia se consolida como segundo país con mayor crimen organizado a nivel mundial
Un preocupante informe internacional revela que Colombia ocupa el segundo lugar mundial en criminalidad organizada, apenas por debajo de Myanmar y por encima de México y Ecuador. El Índice Global de Crimen Organizado 2025, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, otorgó al país una puntuación de 7,82 sobre 10, confirmando una tendencia ascendente que mantiene a Colombia como líder regional en economías ilícitas.
Un ascenso constante en la escala criminal
La posición colombiana no solo es alarmantemente alta, sino que muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2021 el país registraba 7,66 puntos; en 2023 subió a 7,75; y en 2025 alcanzó los 7,82 puntos actuales. Este incremento de 0,07 puntos en solo dos años refleja una mayor consolidación de redes criminales y mercados ilegales, según los parámetros del estudio que evalúa 193 naciones.
El ranking global completo presenta la siguiente configuración:
- Myanmar con 8,08 puntos
- Colombia con 7,82 puntos
- México con 7,68 puntos
- Ecuador con 7,48 puntos
- Paraguay con 7,48 puntos
Otros países latinoamericanos también aparecen en posiciones relevantes, como Brasil en el puesto 14, Venezuela en el 20 y Panamá en el 21. En el extremo opuesto, las naciones con menor criminalidad organizada son Tuvalu (1,53), Nauru (1,72) y Santo Tomé y Príncipe (1,8), evidenciando una brecha abismal frente a la realidad colombiana.
Metodología que va más allá de la violencia letal
El índice no se limita a medir homicidios o capturas recientes, sino que evalúa la profundidad del crimen organizado mediante dos dimensiones fundamentales:
- Mercados criminales: narcotráfico, trata de personas, extorsión, minería ilegal, tráfico de armas, delitos ambientales y financieros
- Actores criminales: mafias, redes transnacionales, grupos armados y estructuras infiltradas en el Estado
Esta metodología explica por qué Colombia mantiene posiciones tan altas incluso cuando algunos indicadores de seguridad muestran mejoras temporales. Las economías ilícitas se transforman y diversifican, compensando los avances en seguridad convencional mediante la expansión hacia minería ilegal, tráfico de oro, extorsión, delitos financieros y cibercrimen.
Factores estructurales que explican la posición colombiana
Luis Felipe Vega, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, identifica tres factores estructurales que convergen en Colombia de manera única en la región:
- Ser el mayor productor mundial de cocaína
- Contar con grupos armados organizados de vieja data y proyección transnacional, como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN
- Disponer de corredores estratégicos que conectan producción, tránsito y exportación hacia mercados globales
Francisco Bernate Ochoa, profesor titular en Derecho Penal, coincide en que el índice refleja una realidad acumulada: "En el caso de Colombia, lo que vemos es una combinación de muchos mercados ilegales activos y organizaciones criminales bastante fuertes, y eso termina elevando el resultado final".
Un ecosistema criminal regional interconectado
El informe revela un patrón regional preocupante: América Latina concentra varios de los países con mayor índice de criminalidad organizada, lo que sugiere dinámicas transnacionales profundamente interconectadas. La consolidación de Ecuador como corredor estratégico del narcotráfico, la expansión de redes criminales brasileñas y la fragmentación de estructuras en Venezuela generan efectos que fortalecen indirectamente las redes colombianas.
Más allá de las implicaciones en seguridad, la posición en el ranking tiene consecuencias económicas significativas. Aunque no se traduce necesariamente en fuga masiva de capitales, sí influye considerablemente en la percepción de riesgo internacional hacia el país, afectando potencialmente inversiones y desarrollo económico sostenible.
La desarticulación entre los Planes Integrales de Seguridad y las capacidades de las entidades territoriales para implementarlos representa otro desafío estructural que debe abordarse para revertir esta tendencia ascendente en el índice global de criminalidad organizada.
