El drama de los colombianos que buscan regularizarse en España
Con los primeros rayos del sol, los cartones que sirvieron de colchón a quienes durmieron a las puertas de los Servicios Sociales de Madrid se convierten en tablones para rellenar formularios. En la fila, un centenar de migrantes de cuatro continentes distintos hablan en diversas lenguas. Saben que no todos alcanzarán el turno para adquirir el informe de vulnerabilidad, un requisito de último momento que el Gobierno español impuso para la regularización extraordinaria de extranjeros, y que desató un frenesí entre solicitantes e instituciones esta semana.
Caos y desesperación en las filas
A medida que se acercan las 8:30 a. m., cuando el vigilante reparte los turnos por orden de llegada, el nerviosismo se materializa en empujones. En la cabecera de la fila comienzan a mezclarse los que llevan un día acampados y los colados de último minuto. La bogotana de 26 años Danny Lorena Pedraza intenta poner orden: “Todos sabemos quiénes dormimos aquí”, advierte, mientras marca con un bolígrafo la mano de quienes pernoctaron para evitar intrusiones. Un día atrás, se quedó sin turno después de que vendieran decenas de cupos delante de ella, relata. Así que ese mismo día, después de trabajar, decidió tomar un par de cobijas, un portacomida y acampar en la madrileña ronda de Toledo en compañía de su pareja.
Danny llegó alrededor de las 10 p. m. Ya había más de 50 personas delante. “Nos acostamos en orden de llegada. Como no sabíamos de dónde estaban sacando los cartones para dormir, nos tocó ir al contenedor de reciclaje. Mucha gente encontró almohadas, cartones, bolsas”, explica. Detrás de ella, una barranquillera que se presenta como Madeleine, de 28 años, describe que tuvo que enrollarse en bolsas de plástico para combatir las bajas temperaturas.
La regularización extraordinaria y sus requisitos
Este tumulto a las puertas de servicios sociales y oenegés se desató desde el pasado lunes tras la publicación del Real Decreto para la regularización extraordinaria, con la que el Gobierno planea beneficiar a medio millón de foráneos, una política que contrasta con un continente que tiende a endurecer sus leyes migratorias y blindar sus fronteras. Según estimaciones de firmas como Funcas, hasta un tercio de los posibles beneficiarios de la norma son nacionales de Colombia.
La regularización cobijará a cualquier extranjero que acredite su permanencia ininterrumpida en España desde antes de 2026 y que no tenga antecedentes judiciales, siempre que pueda cumplir uno de los tres supuestos que dicta la ley: haber trabajado o acreditar intención de trabajar –adjuntando un precontrato, por ejemplo–; tener menores a cargo o miembros con discapacidad; o, la vía más utilizada, acreditar una situación de vulnerabilidad.
Andrés Perille, abogado experto en extranjería, señala a El Tiempo que “en los borradores anteriores de la ley se daba a entender que el mero hecho de estar en situación de irregularidad era suficiente para acreditar la vulnerabilidad”. No obstante, la necesidad de un informe para ello, añadido a último minuto en el Real Decreto, y con el plazo ya abierto para la presentación de solicitudes, repercutió en la “saturación de los servicios sociales”. A pesar de ello, Perille considera que “va a haber tiempo suficiente” para que todos los solicitantes puedan iniciar el trámite, cuyo plazo expira el próximo 30 de junio.
El papel de las oenegés
Las oenegés juegan un rol fundamental para aliviar un flujo de trabajo inasumible para las instituciones del Estado. Fue en una organización benéfica de Alcorcón, un municipio del área metropolitana de Madrid, donde Diana María Jaramillo, una caleña de 29 años, logró obtener su certificado, después de intentarlo sin éxito en el ayuntamiento (alcaldía), las oficinas de registro de la Comunidad de Madrid, Cáritas, Cruz Roja y los Servicios Sociales municipales.
“Fue toda una odisea, estoy a nada de dar a luz y todos los días caminando en busca de ese informe fue muy complicado”, relata la mujer en una entrevista telefónica, en la que no disimula su frustración con el proceso. “No están siendo nada eficientes, nos están dando la espalda, nos están dejando solos en el momento en el que más lo necesitamos, porque esta es una oportunidad que no sabemos cuándo volverá a darse”, dice.
La última regularización ocurrió en 2005, bajo la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. “Sabiendo que es el gobierno el que nos está dando la oportunidad de regularizarnos, debería ser más empático con la situación”, concluye la colombiana. Jaramillo encontró en la organización benéfica Alba el apoyo que no halló en el Estado; incluso, la misma asociación le ayudará a cargar los documentos en la página web de Extranjería, un proceso por el que los abogados cobran cerca de 400 euros (un millón y medio de pesos, aproximadamente).
Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez
El trastorno burocrático que supuso la primera semana de regularización en España se convirtió en un tema sensible en la política nacional, con acusaciones contra el Gobierno desde ambas orillas del espectro ideológico. El partido Podemos, a la izquierda del gobernante Partido Socialista (PSOE) e impulsor de la ley de regularización, recriminó al Ejecutivo la obligatoriedad del informe de vulnerabilidad. Paralelamente, muchas administraciones regionales, principalmente gobernadas por el opositor Partido Popular –crítico con la regularización–, acusaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer “saturar” los servicios sociales municipales.
El Ejecutivo central no consultó la medida con los gobiernos locales. Solo expidió el 17 de abril, in extremis, un documento en el que instó a los servicios municipales a colaborar con la expedición del documento. Fuera de las fronteras ibéricas, líderes de la derecha europea rechazaron la iniciativa de España. El conservador francés Bruno Retailleau, candidato de Los Republicanos al Elíseo el próximo año, aseguró en televisión que “no se puede soportar la regularización masiva” en España. En línea, la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, abogó por una restricción “urgente” de la libre circulación en el espacio Schengen.
El drama de vivir en situación irregular
Vivir en situación irregular en España conlleva múltiples limitaciones para los migrantes, como evidencian los testimonios de Pedraza y Jaramillo, quienes narran experiencias de explotación laboral y dificultades para encontrar una vivienda digna. Todo ello agravado por la imposibilidad de visitar a su familia.
“Estar embarazada de tu primer hijo, inexperta, y no poder tener esa red de apoyo con tu familia porque no puedes salir del país o vives en una habitación compartida es muy difícil”, asegura Jaramillo por teléfono, quien habita en una casa “con cuatro habitaciones, cada una ocupada por una familia diferente”. La abogada caleña confiesa que sueña con regularizar su estatus para homologar su carrera universitaria. “Me encantaría trabajar en el tema de extranjería, para poder ayudar a gente”, afirma.
Con la misma ilusión, Pedraza, graduada de Ingeniería Civil en la Universidad Santo Tomás, aguarda por un turno a las puertas de los servicios sociales. No quiere llegar tarde a su trabajo de limpiadora en Las Rozas, a las afueras de Madrid, donde acudirá tras una larga noche a la intemperie. Esta bogotana sueña con “una oportunidad laboral” compatible con sus estudios, tener una vivienda donde pueda cocinar a la hora que se le antoje y conocer Disneyland Park, en París. Pero antes necesita encontrar el informe de vulnerabilidad, un requisito que ella considera “innecesario”. “Me están pidiendo que demuestre que soy vulnerable. ¿Y cómo más lo demuestro?, si no tengo cómo conseguir un trabajo digno porque no tengo documentos”, concluye.
