Condena por asesinato de Miguel Uribe reabre debate sobre vínculos con Segunda Marquetalia
Condena reabre debate sobre Segunda Marquetalia y asesinato de Uribe

Condena judicial reaviva polémica sobre participación de disidencia en crimen político

La sentencia de 22 años de prisión impuesta a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha reabierto con fuerza el debate sobre la posible implicación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia en este grave crimen político.

Según testimonios recogidos por la Revista Semana, este grupo armado habría sido el responsable directo del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, con órdenes presuntamente impartidas por José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, quien falleció en Venezuela en agosto pasado durante un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Acusaciones cruzadas en el escenario político

El caso ha trascendido el ámbito judicial para instalarse en el terreno político, especialmente en el contexto de la campaña presidencial. La candidata Paloma Valencia ha realizado fuertes señalamientos contra su rival Iván Cepeda, acusándolo de haber "facilitado fugas" e "impedido extradiciones" de integrantes de la Segunda Marquetalia.

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Cepeda ha respondido calificando estas acusaciones como parte de una "campaña sucia" en su contra y contra el Gobierno, en medio de la confrontación política entre petrismo y uribismo que marca la contienda electoral. A través de su cuenta en X, el político solicitó al expresidente Álvaro Uribe que presente ante la justicia las pruebas que sustenten sus acusaciones sobre la vinculación con el crimen.

La compleja realidad de la Segunda Marquetalia

Más allá de los señalamientos políticos, el caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la confusión que existe en el debate público sobre qué representa actualmente la Segunda Marquetalia, quiénes la integran y, especialmente, si mantiene o no diálogos con el Gobierno en el marco de la política de paz total.

Este grupo surgió oficialmente el 29 de agosto de 2019 cuando antiguos comandantes de las FARC que habían firmado el Acuerdo de Paz, incluyendo a Luciano Marín Iván Márquez, Seuxis Pausias Hernández Jesús Santrich, Henry Castellanos Romaña y Hernán Darío Velásquez el Paisa, anunciaron su rearme.

Fractura interna y cambio de denominación

La situación se complicó cuando, tras iniciar diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro en febrero de 2024 e instalar oficialmente una mesa de negociaciones en Caracas el 24 de junio del mismo año, el proceso se fracturó apenas seis meses después. El 17 de noviembre de 2024, Iván Márquez envió una carta a los países garantes denunciando un "uso inadecuado" del proceso de paz y distanciándose de las reuniones programadas.

Esta ruptura dio origen a una nueva configuración: el 26 de noviembre de 2024, el Gobierno anunció que continuaría los diálogos, pero ahora con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), bajo el mando de Walter Mendoza y agrupando a guerrilleros de los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

Confusión persistente en el debate público

La Oficina del Consejero Comisionado de Paz ha sido enfática en señalar que "desde noviembre de 2024, no existe ninguna mesa de negociación, acercamiento ni diálogo entre el Gobierno nacional y este grupo armado", refiriéndose específicamente a la Segunda Marquetalia.

Sin embargo, el nombre sigue utilizándose indistintamente en el debate público para referirse a distintas estructuras, contribuyendo a reforzar la percepción errónea de que el Gobierno negocia con el mismo grupo al que se le atribuyen hechos violentos como el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Esta confusión revela un problema estructural más profundo: la fragmentación de los grupos armados en Colombia ha creado un panorama cada vez más complejo donde resulta difícil identificar con claridad las responsabilidades y vinculaciones específicas. Esta falta de precisión no solo enturbia la conversación pública, sino que también complica la evaluación objetiva de los avances y riesgos de la política de paz total implementada por el Gobierno nacional.

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