La Defensoría del Pueblo rechazó de manera contundente los recientes señalamientos del Clan del Golfo —que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— contra el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep) y su subdirector de proyectos, Juan Pablo Guerrero. La entidad advirtió que estas acusaciones representan un riesgo alarmante para quienes defienden los derechos humanos en el país.
“Resultan de extrema gravedad: vulneran el derecho a defender derechos humanos, buscan desacreditar a partir de la difamación, generan intimidación y, peor aún, riesgos para la vida, la integridad y la seguridad del subdirector y de los miembros de la organización”, señaló la Defensoría este 6 de mayo.
Origen de las acusaciones
El pronunciamiento se produjo ante un comunicado difundido el pasado domingo por la estructura ilegal en el que calificó al Cinep como “enemigo de la paz”. En dicho comunicado, se hace referencia a una nota publicada por Colombia+20 que denuncia que miembros de esa estructura estarían ocupando viviendas de familias en Chocó y realizando censos ilegales como mecanismo de control territorial. El Clan del Golfo hizo señalamientos directos contra Guerrero, quien, junto con distintas organizaciones sociales del departamento, ha cuestionado el informe presentado el pasado 27 de abril por el mecanismo tripartito (conformado por la MAPP/OEA, el Gobierno y el EGC), en el que se señala que en el marco del proceso de paz total que tiene el Ejecutivo con el grupo armado, “todos los compromisos presentan avances”, aunque los clasifica como “parcialmente cumplidos”.
Ese informe también afirma que “realizó un censo interno que, según lo reportado, no identificó la presencia de menores de edad en sus filas”, pero no se especifican, por ejemplo, otras formas de vinculación de niños, niñas y adolescentes. Las críticas apuntan, entonces, a que las dinámicas de control armado que persisten en el territorio contrastan con los avances reportados en la mesa de negociación. El grupo armado también lanzó acusaciones contra Colombia+20 por la publicación de esa nota.
La labor del Cinep: 50 años en defensa de los derechos humanos
Durante cinco décadas, el Cinep ha documentado las dinámicas del conflicto armado y acompañado procesos comunitarios en distintas regiones del país. Esa trayectoria fue reconocida por la Defensoría en su comunicado, que defendió la legitimidad del centro de investigación frente a los ataques del Clan del Golfo.
“El Cinep ha dedicado su historia a labores de investigación, acompañamiento a las comunidades y defensa de los derechos humanos en los territorios. Reconocemos su trabajo, el aporte que le ha hecho al país históricamente y en la actualidad a la defensa de los derechos humanos, así como la rigurosidad de sus investigaciones”, indicó la entidad.
La Consejería Comisionada de Paz también reconoció ese esfuerzo continuo. A través de su cuenta de X, recordó que “la labor de defensa de los derechos humanos, tal y como la señala la Directiva Presidencial 07 de 2023, contribuye al fortalecimiento del Estado social de derecho, la participación democrática y la paz”. Además, rechazó las afirmaciones del grupo armado contra el Cinep “más aún cuando se encuentran en un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional, en el marco del cual han asumido compromisos de respeto a la población civil”. Esos señalamientos -escribió la Consejería- “no pueden entenderse de manera distinta a una amenaza que afecta a la organización y a las comunidades que acompañan”.
Rechazo de organizaciones sociales
El rechazo también llegó desde las plataformas nacionales y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos. En un pronunciamiento conjunto, señalaron que el mensaje del EGC constituye “una amenaza directa” contra quienes realizan labores de investigación, acompañamiento comunitario y denuncia de violaciones de derechos humanos en territorios afectados por el conflicto armado, como Chocó.
“El contenido de dicho mensaje busca desacreditar, estigmatizar y poner en riesgo la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, organizaciones e instituciones que trabajan por la verdad, la justicia y la paz”, indicaron este 4 de mayo.
Las organizaciones también recordaron que la estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos ha sido un antecedente de “agresiones, desplazamientos, atentados y asesinatos”.
En ese sentido, hicieron un llamado al Estado para adoptar medidas integrales y urgentes de protección para el Cinep, su subdirector y las demás personas que podrían estar en riesgo. También solicitaron a la Fiscalía abrir investigaciones “serias, diligentes e independientes” para identificar a los responsables de las amenazas y pidieron un pronunciamiento público del Gobierno rechazando la estigmatización contra organizaciones defensoras de derechos humanos.
Antecedentes de amenazas del Clan del Golfo contra el Cinep
No es la primera vez que el Clan del Golfo lanza acusaciones contra el Cinep. En marzo pasado, el grupo armado difundió mensajes en la red social X en los que vinculó, sin pruebas, a la organización con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En ese momento, los señalamientos surgieron en medio de cuestionamientos de comunidades del Urabá sobre la forma en la que avanza la negociación entre el Gobierno Nacional y esa estructura armada. Las preocupaciones se concentraron en acuerdos discutidos en la mesa, como las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —donde integrantes del grupo harían tránsito a la vida civil—, dos de ellas previstas para municipios como Belén de Bajirá y Unguía. Liderazgos locales han insistido en que cualquier decisión sobre esos territorios debe contar con la participación de las comunidades afectadas por el conflicto.
En ese momento, tanto la Defensoría como organizaciones sociales también rechazaron públicamente las acusaciones del grupo armado contra el Cinep.
