Una de las empresas de seguridad privada cuya licencia fue suspendida por la Superintendencia de Vigilancia mantiene vigentes dos contratos millonarios en Sucre y Bogotá, mientras avanzan las investigaciones por la desaparición de armas bajo su custodia.
Los contratos vigentes de Águila de Oro
Se trata de Águila de Oro de Colombia, compañía con operación en 17 ciudades del país, que denunció ante la Fiscalía General de la Nación a su coordinador de activos, Elkin David Polanco Pérez. El funcionario tenía acceso al armerillo y, desde diciembre del año pasado, se desconoce su paradero.
Polanco Pérez también tenía bajo su responsabilidad la custodia de las armas de las empresas Laucris Security y Helam. En total, eran 393 armas en Bogotá cuyo rastro sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la denuncia, el coordinador salió a descanso el 31 de diciembre y debía reintegrarse en enero de este año. Sin embargo, no volvió a responder llamadas ni requerimientos. Ante la falta de información sobre los libros de control de salidas de armas, las empresas iniciaron una verificación interna que derivó en el hallazgo más crítico: solo en Águila de Oro faltaban 275 armas, avaluadas en cerca de 550 millones de pesos.
La situación se replicó en las otras compañías. En Helam se reportó la pérdida de 104 armas y en Laucris, 14 más. En total, 393 armas cuyo paradero hoy es desconocido.
Detalles de los contratos
En medio de este panorama, Águila de Oro mantiene en ejecución dos contratos. El primero corresponde a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, en modalidad con armas no letales, para la sede de la Lotería de Cundinamarca, ubicada en Bogotá. Este contrato inició el 9 de mayo de 2025 y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2027, por un valor de 514.998.655 pesos.
El segundo contrato es para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con arma en la sede administrativa de Aguas de Sucre S.A. E.S.P. Este acuerdo tiene un valor de 173.361.410 pesos y está previsto entre el 15 de enero y el 9 de octubre de 2026.
Investigación en curso
Según la Superintendencia, 31 empresas han sido objeto de suspensión de licencias, aunque no todas por posibles vínculos con actividades ilegales. En varios casos, las medidas responden a inconsistencias administrativas, como direcciones que no coinciden, fallas en sistemas de control como el SARLAFT o incumplimiento de requisitos formales.
Aunque las empresas alertaron desde enero sobre la ausencia del funcionario, fue una visita de inspección realizada en febrero por la Supervigilancia la que permitió dimensionar la magnitud del caso. La investigación penal está en manos de la Fiscalía, mientras que el proceso administrativo podría extenderse hasta por tres años, que es el plazo máximo para una decisión de fondo.
Juan Diego Torres Lasso - Redacción Justicia
