Tras casi un año del secuestro de dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y dos integrantes de la Policía Nacional en el departamento del Cauca, la Fiscalía General de la Nación, junto con la Corte Suprema de Justicia, rechazaron de manera contundente el llamado “juicio revolucionario” anunciado por el ELN y exigieron su liberación “sin condicionamiento alguno”. El pronunciamiento se produjo este miércoles 6 de mayo, horas después de que el grupo armado hiciera público que decidió extender el tiempo de cautiverio de los cuatro uniformados, a quienes mantienen retenidos desde 2025.
Rechazo al “juicio revolucionario”
En un comunicado conjunto, la Fiscalía y la Corte reiteraron que en Colombia la administración de justicia corresponde exclusivamente a las instituciones del Estado, conforme a lo establecido en la Constitución de 1991. Además, hicieron un llamado directo al respeto por la vida, la integridad y la libertad de los funcionarios secuestrados: Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes de la Dirección de Protección y Asistencia del CTI, así como los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.
Impacto en la sociedad
Los dos entes también alertaron sobre el impacto que tienen estas prácticas en la sociedad. Señalaron que el secuestro, además de ser un delito en Colombia y en el ámbito internacional, afecta la confianza en los esfuerzos por superar la violencia. También recordaron las secuelas que ha dejado el conflicto en Colombia: “La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país”.
Defensoría del Pueblo califica de “inadmisible”
Momentos después de conocerse el pronunciamiento del grupo armado ilegal, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció y calificó como “inadmisible” tanto el secuestro como la decisión de prolongar la retención de los funcionarios. Dijo que ningún tipo de “juicio” realizado por un grupo armado tiene validez jurídica ni justifica la privación de la libertad. También hizo un llamado al Gobierno nacional para que tome acciones: “Hemos solicitado al Gobierno una atención directa a las familias, poder fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de las personas. Ellos se han sentido solos; hemos escuchado desde la Defensoría su clamor, pero no ha habido un acompañamiento”.
Antecedentes del secuestro
El secuestro de los cuatro uniformados se produjo en distintos momentos de 2025 en Arauca, una zona con alta presencia de esta guerrilla. Según un video que el ELN difundió, no se impuso pena capital contra los funcionarios, pero sí se determinó que continúen privados de la libertad por varios años más tras un proceso interno que denominaron “juicio político”. Mientras tanto, los seres queridos de las víctimas continúan a la espera de avances que permitan poner fin a esta situación que, según ellos, podría extenderse aún más.
