La legislación venezolana impediría el traslado de los implicados en el caso de Yulixa Toloza, mientras avanza la cooperación judicial entre ambos países. Las capturas en Venezuela de tres personas señaladas de participar en el caso abrieron una nueva discusión judicial que va más allá de la investigación penal.
Aunque el proceso avanza y Colombia ya anunció que pedirá su extradición, el panorama legal no sería tan sencillo como parece. El caso, que ha causado conmoción en el país por la muerte de la mujer tras un procedimiento estético en una clínica clandestina en Bogotá, ahora enfrenta un obstáculo clave que podría cambiar el rumbo del proceso judicial.
Un proceso que podría quedarse en Venezuela
Tras la captura de los sospechosos en territorio venezolano, las autoridades colombianas iniciaron los trámites para solicitar su extradición. Sin embargo, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago advirtió que este camino tendría serias limitaciones legales. Según explicó, la Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos, lo que hace prácticamente inviable que los tres detenidos, todos de nacionalidad venezolana, sean enviados a Colombia para responder ante la justicia.
Los capturados, dos hombres y una mujer, fueron ubicados en ese país luego de huir tras la muerte de Toloza, quien falleció después de un procedimiento estético realizado en un centro clandestino del sur de Bogotá. La Fiscalía pedirá la extradición por el crimen de Yulixa Toloza a la pareja capturada.
Qué pasaría con la investigación del caso
Ante este escenario, surge una alternativa: que el proceso judicial continúe en Venezuela. De acuerdo con Buitrago, Colombia podría remitir todo el material probatorio recopilado por la Fiscalía para que las autoridades de ese país adelanten la investigación. Esto incluye evidencias, testimonios y elementos técnicos relacionados con delitos como desaparición forzada y homicidio agravado, conductas que también están contempladas en la legislación venezolana.
En ese caso, serían la Fiscalía y los jueces venezolanos quienes asumirían el proceso penal, mientras Colombia actuaría como país colaborador en el intercambio de información. Las capturas se lograron gracias a mecanismos de cooperación internacional y al trabajo coordinado con Interpol, que permitió ubicar a los implicados en estados como Portuguesa y Aragua, donde permanecen bajo custodia mientras se define su situación jurídica.
Por ahora, el futuro judicial de los detenidos sigue en veremos, en medio de un caso que no solo ha generado indignación en Colombia, sino que también ha puesto sobre la mesa las dificultades legales que surgen cuando un proceso penal cruza fronteras.
