La situación judicial de Nicolás Petro Burgos sumó un nuevo capítulo luego de que la Fiscalía expusiera información sobre prolongadas estadías en clubes militares de Cartagena y Santa Marta. Según el ente acusador, el procesado habría permanecido cerca de 15 días en el Centro Vacacional San Fernando, en Santa Marta, acompañado de al menos siete personas.
Estadías en clubes militares
De acuerdo con los documentos presentados en audiencia, estas estancias coincidieron con el periodo en el que Petro afirmó no poder trasladarse a Barranquilla para cumplir con diligencias judiciales, argumentando problemas económicos tras su inclusión en la Lista Clinton. La Fiscalía analiza inconsistencias entre facturas y registros de alojamiento en clubes militares utilizados por Nicolás Petro.
Redes sociales como evidencia
La revista Semana informó que parte del material probatorio presentado por la Fiscalía proviene de publicaciones en redes sociales realizadas por la misma Laura Ojeda Estupiñán, pareja del acusado. En estas imágenes se observa a Nicolás Petro compartiendo con amigos en las instalaciones exclusivas para miembros de la fuerza pública. Los investigadores señalaron que las publicaciones coinciden con los registros del sistema hotelero y las inspecciones realizadas, lo que refuerza la hipótesis de que sí hubo desplazamientos a la región Caribe en las fechas cuestionadas.
Factura sospechosa
Uno de los elementos centrales del caso es una factura emitida a nombre de Laura Ojeda Estupiñán, fechada el 15 de abril de 2026. El documento, con membrete del Batallón Córdova, detalla consumos en restaurante, bar, comidas rápidas y servicios de peluquería por un valor de $1.108.000. Sin embargo, la Fiscalía advirtió inconsistencias entre esta factura y los registros de alojamiento. Mientras la documentación hotelera indica una estadía de 15 días en temporada alta, el comprobante conocido solo refleja gastos de un día y no incluye costos por hospedaje, lo que pondría en duda la realidad de los servicios prestados todos esos días.
Medida de arresto solicitada
Durante la audiencia, la fiscal Lucy Laborde sostuvo que existe una contradicción entre los argumentos presentados por la defensa y las evidencias recolectadas. Según indicó, resulta incompatible alegar limitaciones de movilidad mientras se registran viajes entre ciudades como Cartagena, Santa Marta y Bogotá. Además, el ente acusador busca establecer cómo se realizaron estos desplazamientos, dado que el propio Petro había manifestado dificultades para adquirir tiquetes aéreos.
Por su parte, el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, aseguró que la inclusión en la lista OFAC no restringe los desplazamientos terrestres dentro del país, refiriéndose a que los viajes pudieron haberse realizado por vía terrestre. Asimismo, la defensa argumentó que las visitas a guarniciones militares obedecen a razones de seguridad, en el marco de los esquemas de protección asignados por su condición de hijo del presidente.
No obstante, la Fiscalía solicitó al juez Hugo Carbonó imponer una medida de arresto por presunto incumplimiento de las órdenes judiciales que exigían su presencia en audiencias. El juez abrió un incidente de imposición de medidas correccionales y deberá evaluar si las actuaciones de Nicolás Petro constituyen una evasión de la justicia.
Reacción del implicado
El propio implicado se pronunció sobre la situación. Nicolás Petro aseguró que ha cumplido con la asistencia a todas las audiencias de su proceso. “He asistido a todas las audiencias que se han realizado, presenciales y virtuales. Públicamente, la fiscal reveló sitios que frecuentó con mi familia. ¿Hay un seguimiento ilegal?”, dijo en su cuenta de X. En un mensaje posterior, agregó: “Si algo me llega a pasar a mí, a Laura y a mi bebé, responsabilizo directamente a la fiscal Laborde”.
