La Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez ordenar el arresto por cinco días de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y de su abogado Alejandro Carranza, por no asistir de manera presencial a varias audiencias dentro del proceso que se adelanta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La petición fue presentada durante la audiencia preparatoria realizada este lunes 27 de abril, en la que la fiscal del caso, Lucy Laborde, argumentó que el procesado ha incumplido de forma reiterada las órdenes judiciales que le exigían presencia física, pese a que se le advirtió sobre la necesidad de evitar inconvenientes técnicos derivados de la virtualidad.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro ha justificado su inasistencia alegando problemas de seguridad que le impedirían desplazarse desde Barranquilla hasta Bogotá. No obstante, el ente investigador cuestionó esa versión al señalar que existen evidencias que demostrarían múltiples viajes del exdiputado del Atlántico a otras ciudades del país en fechas recientes. Entre los elementos expuestos por la fiscal se encuentran publicaciones en redes sociales de su pareja, Laura Ojeda, que lo ubicarían en distintos lugares fuera de Barranquilla. De acuerdo con la información presentada, dichas publicaciones corresponden al 28 de octubre; 14, 15 y 28 de diciembre de 2025; y 12 de enero de 2026.
Adicionalmente, la Fiscalía informó que solicitó datos al Club Naval de la Armada Nacional en Cartagena, los cuales indicarían que Nicolás Petro ingresó en al menos seis ocasiones a esas instalaciones después de haber sido incluido en la llamada lista Clinton. Este hecho, según el ente acusador, contradice su argumento de que no podía viajar ni adquirir tiquetes aéreos. La defensa del hijo del presidente ha sostenido que dichas restricciones le han impedido desplazarse, incluso señalando que las aerolíneas no le venden pasajes. Sin embargo, la Fiscalía aseguró haber recolectado información en fuentes abiertas y bases de datos públicas que demostrarían su capacidad de movilización.
Para la fiscal Laborde, estos hallazgos evidencian un posible desacato a las órdenes impartidas por el juez del caso, razón por la cual solicitó la imposición de una sanción de arresto con posibilidad de conmutación, conforme a lo establecido en la ley. El juez, por su parte, anunció que evaluará la solicitud presentada por la Fiscalía y que la decisión será comunicada por escrito, no en audiencia pública. Asimismo, fijó para los próximos 7 y 8 de mayo la continuación de las diligencias judiciales.
Nicolás Petro enfrenta dos investigaciones. La primera está relacionada con presuntas irregularidades en la celebración de contratos en el Atlántico, en la que se le señalan delitos como interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento, tráfico de influencias y peculado por apropiación, por hechos que involucrarían recursos destinados a población vulnerable. La segunda investigación, en la que se enmarca la solicitud de arresto, se originó en marzo de 2023 tras denuncias de su expareja Daysuris Vásquez. Según la Fiscalía, Petro habría recibido dineros de terceros que, presuntamente, estaban destinados a la campaña presidencial de 2022, pero que habrían sido utilizados para fines personales, incluyendo la adquisición de bienes de lujo. La decisión sobre la medida solicitada ahora queda en manos del juez, quien deberá determinar si procede el arresto en medio del avance del proceso judicial.
