El sistema de salud en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más críticas, marcada por fallas en la prestación de servicios, un deterioro financiero creciente en varias EPS y una incertidumbre institucional que se ha profundizado en los últimos meses. En este escenario, el Gobierno tomó una decisión que, lejos de apaciguar las tensiones, ha reavivado el debate: pese a las críticas de expertos, gremios y sectores políticos, el pasado 23 de abril oficializó, mediante el decreto 433 del Ministerio de Salud, el nombramiento de Daniel Quintero como nuevo superintendente Nacional de Salud.
Designación oficial en medio de controversia
La designación se concreta después de varios días de controversia que siguieron a la publicación de su hoja de vida por parte de la Presidencia. Quintero llega a la Supersalud en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, en una entidad que ha tenido alta rotación en su dirección y que enfrenta el reto de vigilar a un sistema con múltiples EPS intervenidas y con crecientes cuestionamientos sobre su sostenibilidad. Su llegada se da en un momento especialmente sensible, en el que la Superintendencia tiene bajo intervención a siete aseguradoras que concentran 23 millones de afiliados.
En paralelo, el Gobierno había designado al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como interventor de Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, que atraviesa una compleja situación operativa y financiera. Su nombramiento se produjo en medio de un limbo jurídico tras el vencimiento de la intervención el pasado 3 de abril y sin que inicialmente existiera claridad sobre su prórroga, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro de la entidad.
Crisis de Nueva EPS refleja magnitud del problema
La situación de Nueva EPS refleja con claridad la magnitud de la crisis. Aunque ha aumentado su número de afiliados durante la intervención, ese crecimiento no se ha traducido en mejoras en la atención. Persisten problemas en la entrega de medicamentos, en el acceso a especialistas y en la continuidad de tratamientos, mientras las quejas de los usuarios crecen a una tasa superior al promedio nacional. En el frente financiero, la EPS enfrenta un represamiento de cuentas médicas que alcanza cerca de 14,9 billones de pesos, además de cuentas por pagar que superan los 26 billones y millones de facturas sin procesar, lo que dificulta conocer con precisión su situación real.
Cuestionamientos a la llegada de Quintero
Pese a este contexto, la oficialización del nombramiento de Quintero se produjo en medio de fuertes cuestionamientos. Durante su administración como alcalde de Medellín se reportaron más de 650 hallazgos de presunta corrupción, con decenas de exfuncionarios imputados y procesos en curso, incluido el caso del lote Aguas Vivas, por el cual enfrenta cargos como peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Estos antecedentes generaron reparos sobre su idoneidad para asumir la supervisión del sistema de salud.
Las críticas no solo provinieron de la oposición. Desde sectores de izquierda también se alzaron voces en contra. El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, calificó la designación como un “yerro enorme” que “le hace daño al Gobierno”, mientras que la representante Jennifer Pedraza cuestionó que se nombren exalcaldes imputados en cargos clave del sistema de salud en medio de la crisis. Estas posiciones evidenciaron divisiones internas y aumentaron la presión sobre el Ejecutivo.
Reacciones del sector salud
A nivel técnico, los cuestionamientos fueron igualmente severos. Para Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el sistema requiere señales de estabilidad y rigor técnico, no decisiones que profundicen la incertidumbre. Advirtió que la confianza institucional —fundamental para garantizar la atención— se ve afectada cuando se envían mensajes de confrontación en lugar de soluciones, especialmente en un momento en el que lo urgente es recuperar la capacidad operativa.
Vesga insistió en que el problema de fondo no es el cambio de nombres, sino el deterioro de la atención bajo el modelo actual de intervención. “Cuando la gestión no es técnica, el sistema se resiente primero en la atención”, señaló, al advertir que esto se traduce en demoras, interrupciones de tratamientos y dificultades en el acceso a medicamentos esenciales. En su concepto, el país necesita estabilidad operativa, reglas claras y un plan de choque que permita normalizar la prestación de servicios.
Una visión similar expuso el exviceministro de Salud Iván González, quien cuestionó tanto la idoneidad como la oportunidad del nombramiento. Señaló que, en un contexto de crisis, resulta problemático designar a una persona con procesos judiciales en curso y sin experiencia en el manejo del sistema. A su juicio, esto no solo afecta la confianza, sino que incrementa los riesgos en la gestión de una entidad clave para la supervisión del sector.
González también advirtió que estos movimientos se dan en medio de una alta inestabilidad en Nueva EPS, donde los constantes cambios de interventores han afectado la continuidad en la prestación de servicios. “Cada vez que cambia un interventor se ponen en riesgo los pagos a la red”, explicó, lo que termina impactando directamente la atención a los pacientes.
Desde la red de prestadores, Jorge Toro, director de la Unión de IPS, señaló que tanto la designación de Quintero como la de Ospina generan incertidumbre sobre el futuro del sistema de aseguramiento. Indicó que no existe claridad sobre la hoja de ruta del Gobierno, lo que dificulta la toma de decisiones en clínicas y hospitales, especialmente en un contexto de tensiones financieras y dudas sobre el pago a los prestadores.
Toro advirtió que las declaraciones iniciales de Quintero, orientadas a implementar una reforma desde el aseguramiento, abren interrogantes sobre posibles liquidaciones de EPS, traslados masivos de usuarios y el respeto al debido proceso en las decisiones administrativas. Estas dudas, señaló, impactan directamente la estabilidad del sistema.
Desde la perspectiva de los pacientes, Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, fue más crítico. Aseguró que Nueva EPS es hoy “inviable administrativa y financieramente” y que la llegada de un interventor sin la experiencia suficiente podría agravar la crisis. Además, consideró que la designación de Quintero aumenta la polarización y la desconfianza en el sistema, al tiempo que insistió en que la salud debería estar al margen de disputas políticas.
Silva advirtió que las señales actuales no apuntan a la concertación, sino a la confrontación, lo que termina afectando a los usuarios. En su opinión, decisiones de este tipo incrementan el riesgo de que la crisis se profundice y de que los pacientes enfrenten mayores barreras en el acceso a servicios.
Finalmente, desde las asociaciones de usuarios, Álvaro Molina señaló que el problema no es solo quiénes llegan, sino el contexto en el que se toman las decisiones. Advirtió que las presuntas irregularidades en el proceso de intervención de Nueva EPS y la falta de claridad jurídica han generado un ambiente de incertidumbre que impacta directamente la prestación de los servicios.
Molina planteó además un interrogante de fondo sobre el rumbo del sistema: si estos nombramientos responden a una estrategia de liquidación de EPS. “¿Qué va a pasar con los usuarios, con los pacientes, con el talento humano?”, cuestionó, al advertir que la falta de una hoja de ruta clara está generando temor en todo el sector.
