El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció una inversión de 6,2 billones de pesos colombianos en un Escudo Nacional Antidrones, un sistema diseñado para proteger el espacio aéreo del país de amenazas con drones. Sin embargo, a pesar de la millonaria inversión, el escudo aún no ha entrado en funcionamiento, lo que ha generado críticas y preocupación en medio de los recientes ataques con drones explosivos que han cobrado la vida de dos uniformados en menos de 72 horas.
Muertes de uniformados por ataques con drones
En los departamentos de Bolívar y Cauca, se registraron dos trágicos eventos que enlutan a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. El soldado Óscar Palacios Rivas falleció en el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, tras un ataque con un dron cargado de explosivos. En el mismo ataque, otro uniformado resultó herido. Horas después, en el departamento del Cauca, el subintendente Ronald Bedoya Rivero también perdió la vida en un ataque similar. Aunque los hechos ocurrieron a más de 900 kilómetros de distancia, la causa fue la misma: el uso de drones como artefactos explosivos improvisados.
Responsables de los ataques
Las autoridades señalan como presuntos responsables a integrantes de la estructura 37 de las disidencias de las Farc, un grupo armado que ha intensificado el uso de drones en sus acciones violentas. Estos ataques evidencian la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad ante una amenaza que, según expertos, podría mitigarse con la implementación efectiva del Escudo Nacional Antidrones.
La inversión de 6,2 billones de pesos fue anunciada por el Ministerio de Defensa como parte de una estrategia integral para contrarrestar el uso de drones por parte de grupos armados ilegales. No obstante, la demora en su puesta en marcha ha generado interrogantes sobre la eficiencia de la gestión gubernamental en materia de seguridad. Mientras tanto, los ataques con drones continúan siendo una realidad que pone en riesgo la vida de los uniformados y la población civil en zonas de conflicto.
La situación ha llevado a que diversos sectores políticos y sociales exijan al gobierno acelerar la implementación del escudo antidrones, así como mejorar las capacidades de detección y neutralización de estas aeronaves no tripuladas. La tecnología antidrones incluye sistemas de radar, inhibidores de señal y dispositivos de interceptación, pero su despliegue requiere de coordinación interinstitucional y logística que, al parecer, aún no se ha completado.
Los recientes hechos en Bolívar y Cauca son un llamado de atención sobre la urgencia de proteger a las fuerzas militares y policiales, así como a la ciudadanía, de una amenaza que evoluciona rápidamente. El gobierno Petro tiene ahora el reto de demostrar que la inversión millonaria en el Escudo Nacional Antidrones no quedará en promesas y que se traducirá en una protección efectiva.
