La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió este viernes que la incursión de grupos armados ilegales en instituciones educativas de los departamentos de Nariño y Cauca constituye una grave violación del derecho a la educación. El organismo exigió al Gobierno nacional adoptar medidas urgentes para proteger a las comunidades y garantizar la seguridad en los entornos escolares.
Escuelas en medio del conflicto
El pasado lunes, integrantes de una disidencia de las antiguas FARC ingresaron a un colegio rural en el municipio de Policarpa, Nariño, fronterizo con Ecuador, para entregar útiles escolares a menores, en lo que la Defensoría calificó como un acto de propaganda armada. Al día siguiente, se difundieron videos que muestran a otro grupo armado acampando en un colegio del Cauca. Estos hechos encendieron las alarmas, pues la presencia de estas organizaciones genera temor, inseguridad y presión sobre niños, niñas y adolescentes, lo que incrementa la deserción escolar y afecta su desarrollo integral.
“La exposición a este tipo de hechos incrementa los riesgos de reclutamiento, violencia sexual y otras afectaciones en el marco del conflicto armado, lo que profundiza su vulnerabilidad y debilita las garantías para su desarrollo integral”, señaló la entidad en un comunicado. Asimismo, recordó que los grupos armados ilegales están obligados a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), por lo que deben abstenerse de ocupar espacios civiles como las escuelas y evitar acciones que pongan en riesgo a la población civil, especialmente a los menores.
Alerta por reclutamiento de menores
“Resulta urgente que el Gobierno nacional y las entidades territoriales adopten medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de las comunidades y la seguridad en los entornos escolares”, añadió la Defensoría. En el primer trimestre de este año, la entidad identificó 19 casos de reclutamiento de niños y niñas en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Caquetá. Entre enero y diciembre de 2025 se contabilizaron 361 reclutamientos de menores, de los cuales el 57 % correspondió a niños y el 54 % a integrantes de comunidades indígenas.
La Defensoría del Pueblo afirmó que el futuro de estos niños no puede ponerse en riesgo y solicitó a los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo que implementen propuestas concretas para proteger a los menores del conflicto armado.
