En una decisión que promete encender un intenso debate nacional, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 717 de 2026, con la cual autoriza y reglamenta el uso de la hidrólisis alcalina como método para la disposición final de cadáveres en el país. La medida llama la atención porque revive una iniciativa que ya se había hundido en el Congreso de la República tras fuertes críticas de varios sectores.
¿Qué es la hidrólisis alcalina?
La hidrólisis alcalina, a diferencia de la cremación convencional, es un proceso químico que utiliza agua y soluciones alcalinas a altas temperaturas y presión para descomponer los tejidos humanos. Al final del procedimiento, solo quedan restos óseos y un líquido residual que, según la norma, debe ser tratado bajo estándares ambientales.
El camino de la resolución
La primicia, revelada por Blu Radio, deja ver que el Gobierno Nacional decidió vía resolución lo que no pudo lograr por ley. En 2024, el proyecto naufragó en el Legislativo debido a las dudas sobre su impacto ambiental y, especialmente, por las alertas de expertos en medicina forense. Incluso el propio viceministerio de Protección Social de la época había expresado reparos.
Críticas desde la forensia
Uno de los puntos más críticos de esta autorización tiene que ver con la investigación judicial en un país con un alto índice de desapariciones y violencia. Voces expertas, como la del exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, han advertido que este método podría eliminar por completo los rastros genéticos de un cuerpo. Esta característica genera temor entre los investigadores, ya que la hidrólisis alcalina podría ser utilizada para desaparecer evidencias de crímenes, dificultando la identificación de víctimas y los procesos de ADN que hoy permite la cremación o la inhumación.
Control estatal sobre los cuerpos
La nueva resolución también establece que el manejo de los cadáveres deja de ser un asunto meramente privado para quedar bajo un estricto control del Estado. La normativa vincula a EPS, funerarias y cementerios, dividiendo el proceso en dos fases: la certificación médica de la muerte y la disposición final del cuerpo mediante estas nuevas tecnologías.
Reacciones y perspectivas
Con la firma de esta resolución el pasado 21 de abril, Colombia se abre a una alternativa post mortem que, aunque se presenta como innovadora y sanitaria, mantiene en alerta a la justicia y a los defensores de los derechos humanos por sus posibles alcances en la impunidad. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ordenó liquidar las EPS que están en quiebra, lo que añade otra capa de complejidad al sistema de salud y disposición de cuerpos.
