Fiscalía formaliza cargos contra tres cabecillas de disidencias por violencia en Catatumbo
Por primera vez en la historia judicial colombiana, la Fiscalía General de la Nación ha imputado formalmente a tres máximos cabecillas de las disidencias de las Farc por su responsabilidad directa en la grave crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. Esta decisión judicial se produce en el contexto de los violentos enfrentamientos registrados entre esta estructura armada ilegal y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que han sumido a la zona en una espiral de violencia sin precedentes.
Los imputados y sus cargos
Los tres líderes guerrilleros acusados son Javier Alonso Velosa García, alias Jhon Mechas, cabecilla del Bloque Magdalena Medio; junto a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, y Farby Edison Parra Parra, alias Richard, quienes ejercían como jefe político y financiero respectivamente del autodenominado Frente 33 de las disidencias. Los tres comparecieron de manera virtual ante un juez de control de garantías en Cúcuta, donde un fiscal especializado de la Dirección contra Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir agravado.
Según las pruebas recopiladas por la Fiscalía, estos cabecillas habrían emitido una directriz específica ordenando a sus estructuras armadas tomar control territorial absoluto mediante el uso de armas de fuego y rentas ilícitas en los municipios de Tibú, El Tarra, Teorama y Hacarí, todos ubicados en Norte de Santander. En cumplimiento de estas órdenes, los integrantes de este grupo armado ilegal desataron una ola de violencia sistemática que generó terror entre la población civil y provocó graves violaciones a los derechos humanos fundamentales.
Impacto humanitario devastador
Las consecuencias de esta confrontación armada han sido catastróficas para las comunidades del Catatumbo. Entre los meses de enero y abril de 2025, según los registros oficiales, se documentaron 37 personas asesinadas, 31 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y 87 víctimas de desplazamiento forzado que tuvieron que abandonar sus hogares para salvar sus vidas del fuego cruzado. Miles de pobladores han tenido que huir hacia otras regiones del país, mientras que aquellos que permanecen en la zona viven bajo constante zozobra y amenaza.
La situación humanitaria en el Catatumbo parece haberse agravado con el paso del tiempo. A un año del primer enfrentamiento documentado entre estas dos estructuras armadas ilegales, que provocó el primer desplazamiento masivo registrado, la violencia persiste y la crisis se profundiza. A comienzos del presente año, una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, organismos de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, conocida como Comisión Humanitaria del Catatumbo, visitó los municipios de Versalles y Pachelly (zona rural de Tibú) para verificar las condiciones de vida de las comunidades y entregar ayuda humanitaria de emergencia.
Comunidades deshabitadas y desplazamiento continuo
Durante su visita, la Comisión Humanitaria constató con preocupación que una parte significativa de dichos corregimientos se encuentra completamente deshabitada. Según las verificaciones realizadas in situ, esta dramática circunstancia se debe al desplazamiento reciente de numerosas familias hacia otros sectores del municipio y hacia la cabecera urbana de El Tarra, donde se han habilitado albergues temporales para atender a la población desplazada. La crisis humanitaria ha alcanzado dimensiones alarmantes, con comunidades enteras fragmentadas y un tejido social gravemente dañado por la violencia persistente.
Los tres cabecillas imputados no aceptaron los cargos formulados en su contra durante la audiencia virtual, lo que inicia un proceso judicial que podría extenderse por varios meses. Esta imputación marca un precedente importante en la lucha contra la impunidad de los grupos armados ilegales que operan en Colombia, especialmente en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado como el Catatumbo, donde la presencia estatal ha sido tradicionalmente limitada y la población civil ha pagado el precio más alto de las confrontaciones entre actores armados.
